Las poblaciones originarias de la Montaña Baja guerrerense permanecen en situación de desamparo total, sin que las autoridades generen las condiciones mínimas para el retorno de cientos de familias expulsadas por la violencia del grupo criminal Los Ardillos. Así lo denunció la Misión Civil de Observación-Sexta tras recorrer la zona entre el 22 y 24 de mayo.
Los municipios de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán fueron escenario de ataques perpetrados por esta organización narcoparamilitar, obligando a comunidades enteras a huir de sus territorios ancestrales. Semanas después del éxodo forzado, las víctimas siguen sin recibir respuesta institucional que les permita regresar con seguridad.
La organización civil señaló que la ausencia de estrategias gubernamentales efectivas mantiene a estas comunidades indígenas en un limbo de incertidumbre y vulnerabilidad. Las familias desplazadas enfrentan condiciones precarias en sus refugios temporales, mientras sus hogares y tierras permanecen bajo amenaza del grupo criminal.
El caso evidencia la crisis de seguridad que atraviesa la región de la Montaña guerrerense, donde grupos armados operan con impunidad mientras las autoridades federales y estatales no logran articular respuestas que protejan a la población civil. Los Ardillos han consolidado su presencia en la zona mediante el terror y el desplazamiento forzado.
La Misión Civil de Observación-Sexta exigió acciones inmediatas para garantizar el retorno seguro de los desplazados y el restablecimiento del tejido social en estas comunidades. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado operativos de seguridad ni programas de apoyo que atiendan la emergencia humanitaria.
Mientras tanto, las familias indígenas continúan esperando que el Estado cumpla su obligación constitucional de protegerlas y garantizar sus derechos territoriales, en medio de un abandono institucional que se prolonga sin fecha de solución.