La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha vuelto a las andadas, orquestando un paro nacional indefinido que amenaza con escalar hasta la mismísima inauguración del Mundial. El cálculo es perverso: utilizar el escaparate global de un evento deportivo de talla internacional para forzar la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y obtener concesiones que el erario público simplemente no puede costear.

Detrás de la retórica de lucha y las movilizaciones, se esconde un muro infranqueable: el de los recursos fiscales. Las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación han cerrado sin acuerdos, y la justificación oficial es demoledora: las demandas de la CNTE no se atienden por falta de presupuesto, no por falta de voluntad política. Una verdad incómoda que el gobierno ha intentado maquillar, pero que la realidad financiera desnuda sin piedad.

El magisterio, envalentonado, rechaza el modesto aumento salarial del 9% ofrecido por la SEP, exigiendo un exorbitante 100%. Pero su bandera histórica, la que realmente enciende la mecha de sus protestas, es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Buscan regresar a un sistema de reparto, a la vieja usanza, desmantelando las Afores y volviendo a un esquema donde el Estado asume la carga total de las pensiones, sin importar la sostenibilidad a largo plazo.

Esta demanda, que Morena llegó a prometer en campaña, se estrelló desde el principio contra la aritmética más básica. Un documento oficial de mayo de 2025, firmado por las secretarías de Gobernación, Educación Pública y el propio ISSSTE, fue brutalmente franco: la abrogación de la reforma de 2007 tendría un impacto financiero "muy grande" e "insostenible para el Estado". La conclusión es ineludible: revertir el régimen de pensiones implicaría reconstruir un pasivo que el Estado dejó de fondear hace casi dos décadas, una factura que se mide en puntos del PIB, no en simples miles de millones.

Ante la imposibilidad de revertir la reforma, el gobierno optó en 2025 por una concesión dentro del propio régimen de reparto. Se detuvo el aumento escalonado de la edad de retiro y se revirtió: la edad mínima de jubilación bajará gradualmente hasta quedar en 53 años para mujeres y 55 para hombres. Este beneficio, que aplica a quienes siguen bajo el Décimo Transitorio y cumplen ciertos requisitos, alcanza a casi un millón de trabajadores del Estado.

El costo de esta concesión es astronómico. La propia administración ha reconocido que implicará más de 36 mil millones de pesos anuales durante este sexenio, y alrededor de 80 mil millones hacia 2034. A esto se suman aumentos salariales, vacaciones adicionales y la eliminación de mecanismos de control magisterial. Es un paquete caro, pero acotado y previsible. La diferencia con la abrogación total es abismal: el decreto cuesta decenas de miles de millones; revertir el sistema costaría billones.

Aquí radica el nudo gordiano que toda lectura financiera debe subrayar. Mientras los docentes bajo el Décimo Transitorio podrán retirarse a los 53 o 55 años con una pensión de beneficio definido garantizada por el erario, el resto de los trabajadores mexicanos –afiliados al IMSS o con cuentas individuales en Afores– deberán esperar hasta los 65 años y dependerán casi por completo del saldo acumulado en sus cuentas.

La brecha se ensancha no solo en años de vida laboral, sino también en el monto de las pensiones. Las del Décimo Transitorio, aunque topadas en diez UMA (unos 34 mil pesos mensuales), son prestaciones de beneficio definido. En contraste, el trabajador promedio de Afore enfrenta tasas de reemplazo que rara vez superan la mitad de su último salario, incluso con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La convivencia de estos dos sistemas de retiro, con lógicas tan opuestas, evidencia una profunda inequidad. El sector público, gracias a las concesiones y al mantenimiento de un régimen privilegiado, se mantiene en el lado favorable de la línea, mientras la mayoría de los mexicanos navega en aguas inciertas.

El telón de fondo es una bomba demográfica que no perdona. El gasto en pensiones del sector público presupuestario sumó casi 560 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2026, un alza real del 6.8% anual. Las proyecciones del ISSSTE ubican el pico de jubilaciones bajo el régimen de reparto entre 2030 y 2040, justo cuando madure el decreto de retiro anticipado otorgado.

El gobierno, a pesar de las presiones, hizo bien en no abrir la caja de pandora de la abrogación total de la reforma de 2007. Comprometer programas sociales elevados a rango constitucional habría sido un error garrafal. Sin embargo, la concesión otorgada, si bien acotada, empuja el gasto público hacia los años en que el envejecimiento poblacional y la presión sobre el sistema de pensiones serán más agudos.

La CNTE, con su estrategia de presión y sus demandas insostenibles, no solo pone en jaque la estabilidad financiera del país, sino que expone la hipocresía de un sistema que perpetúa privilegios para unos pocos, mientras la mayoría de los trabajadores mexicanos enfrentan un futuro incierto en materia de jubilación. La pregunta no es si la CNTE logrará sus objetivos, sino cuánto más podrá el erario público soportar estas exigencias desmedidas.