En un aniversario marcado por la autocomplacencia y la crítica velada al pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró ayer su 36 aniversario. El evento sirvió como plataforma para que su actual titular, Rosario Piedra Ibarra, proclamara el fin de una era de "simulación y colusión con las autoridades" que, según sus palabras, perpetuaron la vulneración de derechos humanos como una "política de Estado" durante décadas.

Las declaraciones de Piedra Ibarra pintan un cuadro sombrío de las administraciones anteriores, sugiriendo que la CNDH, en su momento, fue cómplice o, al menos, ineficaz ante la sistemática violación de garantías fundamentales. La narrativa oficialista busca posicionar la actual gestión como un punto de quiebre, un renacimiento de la defensa de los derechos en México tras un largo periodo de oscuridad y complicidad institucional.

Este discurso de "transformación" se alinea con la retórica del gobierno actual, que ha hecho de la "cuarta transformación" su estandarte. Al presentarse como un agente de cambio radical, Piedra Ibarra busca legitimar su liderazgo y la dirección que ha impreso a la institución, distanciándola de las críticas que la han señalado por su cercanía con el poder ejecutivo y su aparente falta de autonomía.

La "simulación" a la que hace referencia la titular de la CNDH alude a un supuesto maquillaje de las cifras y a la inacción frente a casos graves de violaciones a derechos humanos. La "colusión" sugiere una complicidad tácita o explícita entre las autoridades y quienes perpetraban los abusos, creando un ambiente de impunidad que, según esta visión, solo ahora se está desmantelando.

Sin embargo, esta narrativa no está exenta de controversia. Críticos y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la efectividad de la CNDH bajo la dirección de Piedra Ibarra, señalando una politización de la institución y una disminución en la emisión de recomendaciones contundentes contra el gobierno. La "transformación" proclamada por la CNDH podría ser vista por algunos como una reorientación ideológica más que una mejora sustancial en la protección de los derechos.

El aniversario número 36 de la CNDH se convierte así en un escenario para la autoevaluación y la proyección a futuro. La institución se presenta como un faro de esperanza, un contrapeso genuino a los abusos de poder, pero la percepción pública y el escrutinio de su labor continuarán siendo determinantes para evaluar si esta "transformación" es real o simplemente una estrategia discursiva.

La Comisión, creada en 1990, ha tenido la encomienda de velar por los derechos humanos en México. A lo largo de su historia, ha enfrentado diversos desafíos, desde la falta de recursos hasta la presión política. La gestión de Rosario Piedra Ibarra, desde su nombramiento en 2019, ha sido particularmente polarizante, generando debates sobre su independencia y su capacidad para actuar sin sesgos.

El "daño producido por décadas de simulación" es una acusación grave que, de ser cierta, implicaría una profunda autocrítica institucional. La CNDH, al reconocer este supuesto daño, intenta reivindicar su papel como garante de los derechos y como un órgano que ahora sí está dispuesto a enfrentar las "políticas de Estado" que vulneran a la ciudadanía.

La mención de "colusión con las autoridades" es particularmente delicada. Sugiere que, en el pasado, la propia CNDH o sus predecesores pudieron haber sido parte de un sistema que protegía a los perpetradores en lugar de a las víctimas. Esta afirmación, si bien busca fortalecer la imagen de la actual administración, también abre la puerta a cuestionamientos sobre la legitimidad de las acciones pasadas de la institución.

La "vulneración de los derechos humanos como una política de Estado" es una frase contundente que apunta a la responsabilidad estructural de los gobiernos. Al destacar esto, la CNDH bajo Piedra Ibarra se alinea con la crítica constante hacia los modelos de gobernanza que han prevalecido en México, buscando diferenciarse de ellos y presentarse como un agente de cambio.

El contexto de este aniversario se da en un momento político crucial para México. Las discusiones sobre derechos humanos, justicia y rendición de cuentas están en el centro del debate público. La CNDH, como organismo autónomo, tiene la responsabilidad de navegar estas aguas complejas, manteniendo su independencia y su compromiso con las víctimas.

La estrategia de la CNDH parece ser la de construir una narrativa de "antes y después", donde la era de Piedra Ibarra representa la "verdadera" defensa de los derechos humanos, contrastando con un pasado de "engaño" y "complicidad". Esta dicotomía busca consolidar su proyecto y asegurar el apoyo de aquellos sectores que ven en la "cuarta transformación" una oportunidad para sanar las heridas históricas del país.

Queda por ver si las acciones concretas de la CNDH respaldarán estas fuertes declaraciones. La sociedad civil y los organismos internacionales seguirán de cerca su desempeño, evaluando si la "transformación" anunciada se traduce en resultados tangibles para la protección y promoción de los derechos humanos en México, o si se trata, como algunos temen, de una mera retórica para justificar una agenda particular.