La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una fuerte advertencia, denunciando la criminalización y el uso de fuerza desproporcionada por parte de autoridades contra los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este pronunciamiento surge en un contexto de protestas continuas por parte de los padres y sus aliados, quienes exigen justicia y verdad sobre la desaparición forzada ocurrida en 2014.

El organismo autónomo detalló en un comunicado que los manifestantes han sido objeto de acciones policiales que calificó como "desproporcionadas", además de enfrentar una narrativa que busca "criminalizarlos". Esta postura de la CNDH pone el foco en la respuesta oficial a las demandas de justicia, sugiriendo un patrón de hostigamiento hacia quienes buscan respuestas.

La CNDH enfatizó la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacífica, un pilar fundamental en cualquier democracia. La comisión subrayó que las familias de los 43 estudiantes desaparecidos tienen el derecho inalienable de manifestarse y exigir información sobre el paradero de sus hijos, sin temor a represalias o a ser tratados como delincuentes.

Este señalamiento de la CNDH llega en un momento crucial, cuando la presión sobre el gobierno federal para esclarecer el caso Ayotzinapa se intensifica. Los padres de los normalistas han mantenido una lucha incansable durante más de una década, enfrentando obstáculos y promesas incumplidas por parte de diversas administraciones.

La "guerra sucia" y la "verdad histórica" impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto han sido cuestionadas y desmanteladas por investigaciones posteriores, incluyendo la del gobierno actual. Sin embargo, la falta de avances significativos y la persistencia de obstáculos han generado frustración y desconfianza entre los familiares y la sociedad civil.

La CNDH, al denunciar la criminalización, parece apuntar a que ciertos sectores de la autoridad podrían estar operando bajo consignas que buscan desacreditar o reprimir el movimiento de los padres, en lugar de facilitar la búsqueda de la verdad. Esta acusación es grave y sugiere una posible contravención de los derechos humanos por parte de quienes deberían protegerlos.

El organismo defensor de derechos humanos hizo un llamado explícito a las autoridades de todos los niveles para que cesen cualquier acto de hostigamiento o represión contra los manifestantes. Asimismo, instó a que se garantice un ambiente propicio para que las familias puedan ejercer su derecho a la manifestación y a la exigencia de justicia sin interferencias indebidas.

La respuesta de la CNDH también puede interpretarse como un respaldo a la legitimidad de la protesta de los familiares, reconociendo la validez de su dolor y su incansable búsqueda de la verdad. Al calificar las acciones policiales como "desproporcionadas", la comisión abre la puerta a posibles investigaciones sobre el actuar de las fuerzas de seguridad.

Este caso, que ha marcado profundamente la historia reciente de México, sigue siendo una herida abierta. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, y los eventos subsiguientes, han sido calificados como uno de los episodios más oscuros de la violencia de Estado en el país.

La "verdad histórica", promovida en su momento por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, sostenía que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula. Sin embargo, esta versión fue desacreditada por peritajes independientes y por la propia Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), creada por el actual gobierno.

La COVAJ ha señalado la participación de elementos del Ejército Mexicano en los hechos, así como la posible implicación de autoridades de diversos niveles. A pesar de estos avances, la localización de los 43 normalistas y la identificación de todos los responsables directos e indirectos continúan siendo tareas pendientes.

La postura de la CNDH es un recordatorio de que la lucha por la justicia en el caso Ayotzinapa no ha terminado y que las familias siguen enfrentando adversidades. La criminalización de las víctimas y sus defensores es una táctica recurrente en contextos de represión, y la intervención del organismo busca contrarrestar esta tendencia.

Se espera que la denuncia de la CNDH genere una respuesta oficial más allá de las declaraciones, impulsando acciones concretas para proteger a los manifestantes y, sobre todo, para acelerar la búsqueda de la verdad y la justicia que los padres de los 43 normalistas anhelan desde hace más de una década.