La Ciudad de México, otrora faro de progreso y eficiencia, se encuentra sumida en una espiral de desconfianza y malas prácticas gubernamentales. Un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pinta un panorama desolador, colocando a la capital en los últimos lugares en satisfacción con trámites y servicios, y escalando posiciones vergonzosas en la percepción de corrupción.

El caso de un ciudadano, primo de un amigo, cuya factura bimestral del Sistema de Aguas (ahora Segiagua) se disparó de 600 a 4 mil pesos, es solo la punta del iceberg. Tras descartar fugas internas, la explicación que circula entre los condominios es desalentadora: una estrategia para obligar a los usuarios a solicitar medidores individuales, una medida que, según rumores, es costosa y carece de personal para su instalación y correcta lectura.

Esta anécdota, que podría parecer un hecho aislado, cobra relevancia al contrastarla con los datos duros de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI. La encuesta, que mide las experiencias y percepciones de la población sobre la interacción con autoridades y servicios públicos, revela que la CDMX se ubica en el lugar 23 de 32 entidades en satisfacción general con los trámites, apenas por encima de la mitad de la tabla.

Pero el golpe más duro para la imagen de la capital llega al analizar la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción. La Ciudad de México se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional, solo superada por Michoacán y Baja California. Esto significa que una parte significativa de sus habitantes considera que los actos de corrupción son una práctica habitual en su entorno.

La situación se agrava al considerar la frecuencia de victimización por corrupción. La capital se ubica en el sexto lugar nacional en cuanto a personas que experimentan al menos un acto de corrupción al interactuar con un servidor público. Los chilangos, lejos de ser afortunados, parecen ser blancos frecuentes de estas prácticas.

Al comparar los datos de la ENCIG 2023 con la edición más reciente de 2025, se observa un preocupante incremento en el número de víctimas de actos de corrupción en la capital. Pasamos de 15 mil 739 a 17 mil 905 personas afectadas en al menos un trámite. Este aumento, que coincide con el periodo en que Clara Brugada asumió la Jefatura de Gobierno, es un llamado de atención que no puede ser ignorado.

La confianza en las instituciones gubernamentales también se ve mermada. En el ranking de confianza en gobiernos estatales, la Ciudad de México se encuentra en el lugar 17, justo por debajo del promedio nacional. Esta baja confianza es un reflejo directo de las experiencias negativas y la percepción de ineficiencia y corrupción que prevalecen.

Ante este panorama, la respuesta oficial parece ser la minimización o la evasión. Se sugiere a los afectados que acudan a reclamar los cobros excesivos, una tarea que se anticipa compleja y frustrante, dada la burocracia y la falta de transparencia que caracterizan a muchos de estos servicios.

Lo más desconcertante es la aparente contradicción entre el discurso de un partido que presume cero corrupción y alta eficiencia, y la realidad documentada por el propio INEGI. Las cifras oficiales pintan un cuadro muy distinto al que se intenta proyectar, evidenciando que las promesas de un gobierno honesto y eficaz parecen quedarse solo en palabras.

La reciente aparición de Clara Brugada, Jefa de Gobierno electa, con una escoba y un mensaje de "barredora", resulta casi irónica ante los datos presentados. Mientras la percepción de corrupción se dispara y los servicios básicos fallan, la estrategia parece ser más simbólica que efectiva. ¿Será suficiente una escoba para limpiar la profunda suciedad que revelan las encuestas?

La pregunta que queda en el aire es si la nueva administración capitalina tomará cartas en el asunto de manera seria y contundente, o si se limitará a gestos superficiales mientras la ciudadanía sigue sufriendo las consecuencias de un sistema que parece perpetuar las malas prácticas. La tarea de Brugada no es menor: tiene que enfrentar una realidad que la propia ciudadanía percibe como corrupta e ineficiente.

El desafío para la próxima Jefa de Gobierno es mayúsculo. No basta con cambiar el nombre de las dependencias o realizar actos de proselitismo. Se requiere una transformación profunda en la cultura de servicio público, en la transparencia de los procesos y en la rendición de cuentas. La ciudadanía espera resultados tangibles, no solo discursos.

La ciudadanía de la Ciudad de México merece un gobierno que esté a la altura de sus expectativas, un gobierno que no solo prometa cero corrupción, sino que lo demuestre con acciones concretas y resultados medibles. La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar, y las cifras del INEGI son un claro indicativo de que el camino por recorrer es largo y arduo.

En definitiva, la "barredora" de Clara Brugada tendrá que enfrentar no solo los problemas de infraestructura y servicios, sino también la profunda herida de desconfianza que la corrupción ha dejado en el tejido social de la capital. El tiempo dirá si su gestión logra revertir esta tendencia o si la Ciudad de México continuará hundiéndose en la percepción de un gobierno ineficaz y corrupto.