El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha extendido sus operaciones ilícitas hasta el sector de la distribución de combustibles, operando gasolineras que, a simple vista, parecen negocios legítimos pero que en realidad sirven como fachada para lavar dinero y comercializar gasolina y diésel robados. Esta grave denuncia proviene del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha identificado redes criminales vinculadas al CJNG que se infiltran en el mercado energético mexicano.

La estrategia del CJNG, según las autoridades estadounidenses, consiste en utilizar prestanombres, familiares o empleados de confianza para registrar estas gasolineras. De esta manera, buscan evadir la detección por parte de las autoridades financieras y mantener sus operaciones fuera del radar, mientras desvían recursos provenientes del robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Huachicol, Pilar Financiero del CJNG

El robo de combustible, conocido popularmente como huachicol, se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos del CJNG, incluso por encima de actividades relacionadas con el narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, ha documentado cómo esta práctica ilícita se lleva a cabo a través de tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex.

Una vez extraído el combustible, este es almacenado en grandes tanques para su posterior distribución y venta en las gasolineras controladas por el cártel. Estos negocios, aunque operan bajo nombres comerciales aparentemente legales, están intrínsecamente ligados a la estructura criminal, permitiendo al CJNG blanquear las ganancias obtenidas de manera ilícita y financiar sus operaciones delictivas.

Redes Criminales en Veracruz y Jalisco

Las investigaciones del Departamento del Tesoro han puesto al descubierto al menos dos redes significativas vinculadas a gasolineras del CJNG en estados clave como Veracruz y Jalisco. En Veracruz, la figura de Iván Cazarín Molina, alias ‘El Tanque’, ha sido señalada como un operador clave. Reportes indican que ‘El Tanque’ era responsable directo del robo de combustible en la región, gestionando el almacenamiento y la venta a través de al menos 11 estaciones de servicio.

Una de las empresas sancionadas en este esquema es Etanofuel, S.A. de C.V., que operaba bajo la marca comercial “G Energy”. Junto a otras nueve razones sociales con nombres similares como Rapicombustibles, Magnocombustibles, Ahorrocombustibles y Econocombustibles, conformaban la red de distribución de combustible robado. Las autoridades estadounidenses han enfatizado que todas estas estaciones estaban bajo el control directo o indirecto de ‘El Tanque’, su equipo y familiares, a pesar de que los registros empresariales no siempre reflejaban los apellidos de los líderes criminales.

En Jalisco, otra red criminal vinculada al CJNG ha sido expuesta, con el control de una gasolinera llamada Petrocoda. Según la OFAC, esta estación estaba bajo la influencia de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado como el segundo al mando del cártel, y Juan Carlos Valencia, ‘El 03’, presunto líder tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Aunque en los papeles Petrocoda pertenecía a la prima de ‘El Jardinero’, Areli Medina Flores, y a un subordinado, Gabriel Serrano Magaña, las investigaciones apuntan a que el control real y los beneficios económicos recaían en la estructura del CJNG. Estas sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por desmantelar las redes financieras del cártel, que incluyen a más de 50 personas y empresas.

Implicaciones y Contexto

La operación de gasolineras por parte de organizaciones criminales como el CJNG representa una grave amenaza para la seguridad nacional y la economía de México. No solo desvía recursos que deberían destinarse a servicios públicos y al desarrollo, sino que también fomenta la corrupción y debilita las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.

Históricamente, el huachicol ha sido un problema persistente en México, exacerbado por la vasta red de ductos de Pemex y la demanda de combustibles a precios más bajos. El CJNG, al capitalizar esta problemática, ha logrado diversificar sus fuentes de financiamiento, volviéndose más resiliente y peligroso.

La identificación y sanción de estas redes por parte de autoridades estadounidenses subraya la necesidad de una cooperación binacional más estrecha y de acciones contundentes por parte del gobierno mexicano. La infiltración del crimen organizado en sectores económicos legítimos requiere una respuesta integral que aborde tanto la persecución penal como la inteligencia financiera y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Analistas señalan que la estrategia del CJNG de operar negocios fachada como gasolineras es una táctica común para legitimar sus ganancias ilícitas y mantener un perfil bajo ante las autoridades. Sin embargo, la vigilancia constante y la colaboración internacional son cruciales para desmantelar estas operaciones y cortar el flujo de financiamiento que permite al cártel expandir su poder e influencia.

La situación pone de manifiesto la complejidad del desafío que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado, donde las organizaciones criminales demuestran una notable capacidad de adaptación e innovación en sus métodos de operación y lavado de dinero. La denuncia de Estados Unidos es un llamado de atención sobre la profundidad de la penetración del CJNG en la economía formal del país.