La administración de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas ha sido señalada por una omisión grave y sistemática en la atención a la creciente crisis de desplazamiento interno en la región fronteriza. Según una contundente denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el gobierno estatal "nunca ha aplicado" la ley para prevenir y atender a las más de 24 mil personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares entre enero de 2021 y octubre de 2025.

Esta grave acusación pone en entredicho la capacidad y voluntad política del gobierno de Chiapas para hacer frente a uno de los problemas sociales más apremiantes de la entidad. El Frayba, una organización con décadas de trabajo en defensa de los derechos humanos en la región, ha documentado de manera exhaustiva la magnitud del problema, señalando que la cifra de 24 mil desplazados es solo una aproximación y que la realidad podría ser aún más alarmante.

El desplazamiento en Chiapas no es un fenómeno nuevo, pero se ha agudizado en los últimos años, impulsado por diversos factores que incluyen la violencia generada por grupos del crimen organizado, la disputa por territorios y recursos, así como la falta de oportunidades económicas y la precariedad en el acceso a servicios básicos. La región fronteriza, en particular, se ha convertido en un foco rojo de inseguridad y vulnerabilidad.

La ley general para prevenir y atender el desplazamiento interno forzado en México, promulgada en 2011, establece las bases para la actuación de los tres niveles de gobierno en la materia. Sin embargo, el informe del Frayba sugiere que en Chiapas, esta legislación ha sido letra muerta. La falta de aplicación de la ley implica no solo la ausencia de medidas preventivas, sino también la carencia de mecanismos efectivos para brindar protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas a las personas desplazadas.

Las consecuencias de esta inacción son devastadoras para las comunidades afectadas. Las familias desplazadas a menudo pierden sus medios de subsistencia, enfrentan dificultades para acceder a vivienda, alimentación, salud y educación. Muchas viven en condiciones de extrema precariedad, en campamentos improvisados o albergues saturados, expuestas a nuevas formas de violencia y explotación.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas ha sido un observador crítico de la situación en Chiapas, documentando casos de violaciones a derechos humanos y exigiendo al gobierno estatal y federal que cumplan con sus obligaciones legales y humanitarias. Su denuncia sobre la inacción gubernamental en el caso de los desplazados se suma a otras voces que han alertado sobre el deterioro de la seguridad y la gobernabilidad en la entidad.

La postura del gobierno de Rutilio Escandón, emanado de la coalición "Juntos Haremos Historia" impulsada por Morena, contrasta fuertemente con el discurso oficial de "abrazos, no balazos" y de atención a las poblaciones vulnerables. La falta de resultados tangibles en la atención a los desplazados chiapanecos evidencia una brecha significativa entre la retórica y la realidad, y genera serias dudas sobre la efectividad de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad y derechos humanos.

Expertos en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han reiterado la urgencia de que el gobierno de Chiapas implemente de manera inmediata y efectiva las medidas contempladas en la ley. Esto incluye la creación de registros actualizados de personas desplazadas, la asignación de recursos presupuestarios suficientes para la atención humanitaria, la implementación de programas de retorno seguro y voluntario, y la garantía de acceso a la justicia y a la reparación del daño para las víctimas.

La situación en Chiapas es un reflejo de los desafíos que enfrenta México en su conjunto para garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos, especialmente en las regiones más vulnerables y expuestas a la violencia. La inacción ante la crisis de desplazamiento no solo agrava el sufrimiento de miles de personas, sino que también socava la confianza en las instituciones y perpetúa ciclos de violencia e impunidad.

El gobierno estatal, en lugar de evadir su responsabilidad, debería asumir un compromiso firme y transparente para abordar esta crisis humanitaria. La aplicación de la ley no es una opción, sino una obligación legal y moral. La comunidad internacional y nacional observa con atención los próximos pasos que se darán en Chiapas para resolver esta grave problemática.

La denuncia del Frayba no solo exige una respuesta inmediata del gobierno de Chiapas, sino que también plantea preguntas incómodas sobre la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas en la frontera sur. La falta de aplicación de la ley para atender a los desplazados es un síntoma de un problema más profundo de gobernanza y de compromiso con los derechos humanos.

Se espera que esta denuncia pública impulse una mayor presión sobre las autoridades chiapanecas para que actúen con celeridad y eficacia. La vida y la dignidad de miles de personas dependen de ello. La omisión del gobierno de Rutilio Escandón ante la crisis de desplazamiento es una mancha imborrable en su gestión y un llamado de alerta para todo el país.