La Ciudad de México enfrenta una creciente crisis de personas desaparecidas, un flagelo que las explicaciones oficiales parecen incapaces de contener. Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, detalló para un medio local los supuestos procesos que se activan ante un reporte de desaparición, pero la realidad en las calles dista mucho de la eficiencia prometida.
Según Gómez Negrete, la activación de los protocolos es inmediata, sin necesidad de esperar 72 horas, un avance que, en teoría, debería agilizar las investigaciones. Sin embargo, la percepción generalizada entre los colectivos de búsqueda y las familias afectadas es de lentitud, burocracia y, en muchos casos, indiferencia por parte de las instituciones.
La narrativa oficial se centra en la existencia de un marco legal y operativo, pero omite la dolorosa verdad: el número de personas que no regresan a casa sigue en aumento. La eficacia de estos protocolos se pone en entredicho cuando se contrasta con la desesperación de quienes, ante la inacción gubernamental, se ven obligados a emprender sus propias búsquedas, arriesgando incluso su seguridad.
La administración actual, bajo el manto de la Cuarta Transformación, ha sido incapaz de ofrecer soluciones tangibles a esta problemática que lacera el tejido social. La inseguridad en la capital no solo se mide en cifras de delitos, sino en la angustia diaria de miles de familias que viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos. Los protocolos, por muy bien diseñados que estén en el papel, son inútiles si no se traducen en resultados concretos y en la disminución de la impunidad que rodea cada caso de desaparición.