Las principales organizaciones criminales que operan en México han dado instrucciones claras a sus células: no provocar violencia ni molestar a visitantes durante el Mundial 2026. Dos funcionarios de seguridad y dos integrantes de cárteles confirmaron al periodista Ioan Grillo que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación ordenaron respetar a equipos, aficionados y funcionarios de la FIFA.

Un comandante policial reconoció que los cárteles "no quieren meterse en más problemas" y que "son inteligentes en su forma de actuar. Van a ser prudentes". La declaración resulta llamativa considerando que Jalisco —sede de cuatro partidos en el Estadio Akron— tiene nivel de alerta 3 del Departamento de Estado estadounidense y recientemente sufrió narcobloqueos tras la muerte de Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

La estrategia de seguridad varía según la ciudad. En Guadalajara, las autoridades enfocarán esfuerzos en células criminales menores, confiando en que el CJNG cumplirá su palabra. Monterrey desplegará 15 mil agentes para contener al Cártel del Noreste y del Golfo, mientras la Ciudad de México enfrenta amenazas distintas: plantones de la CNTE y manifestaciones de agricultores que podrían entorpecer la inauguración en el Estadio Azteca Banorte.

La postura de las autoridades mexicanas contrasta con la retórica del presidente Donald Trump, quien designó a estos mismos grupos como organizaciones terroristas internacionales y ha amenazado repetidamente con operaciones militares en territorio mexicano. Ahora, comandantes policiales depositan su confianza en la "prudencia" de quienes Washington considera enemigos a combatir.

La pregunta que nadie responde es qué ocurrirá después del Mundial. Si los cárteles pueden "apagar" la violencia por conveniencia durante un mes, ¿por qué las autoridades no logran contenerla el resto del año? La respuesta incomoda: porque el Estado mexicano ha cedido tanto control territorial que ahora negocia calendarios de tregua con quienes deberían estar tras las rejas.

Mientras la FIFA celebra y los turistas llegarán confiados, la realidad es que México garantiza seguridad no mediante el Estado de derecho, sino mediante acuerdos tácitos con organizaciones criminales. Un precedente peligroso que expone la fragilidad institucional del país y la normalización de la violencia como herramienta de negociación política.