El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, se ha convertido en un foco de escándalo y presunta corrupción, donde familiares de internos denuncian un esquema sistemático de extorsiones, cobros ilegales y la venta de productos prohibidos. Las acusaciones apuntan directamente a la cúpula del penal, exigiendo la intervención de las autoridades estatales y la destitución del director, Jorge Ortiz Delgadillo.

El Penal, un Mercado Negro

Las denuncias, vertidas por familiares de las personas privadas de la libertad, describen un panorama desolador al interior del penal. Se habla de exigencias monetarias para evitar golpizas, para abandonar áreas de castigo o incluso para acceder a servicios básicos que deberían ser garantizados por el propio sistema penitenciario. La situación se agrava con la presunta comercialización de artículos prohibidos como teléfonos celulares, drogas y bebidas alcohólicas, lo que pone en entredicho la seguridad y el orden dentro de las instalaciones.

Cobros Millonarios y Amenazas

Los testimonios recabados por El Financiero revelan un patrón de cobros que ha ido escalando con el tiempo. Desde hace al menos un año, familiares han reportado la obligación de entregar sumas considerables de dinero para asegurar la integridad de sus parientes. Se menciona que algunos reos debían desembolsar hasta 8 mil pesos semanales para evitar agresiones físicas. La situación se torna aún más grave al hablar de la salida del área de castigo conocida como "estancia", donde se reportan cobros que oscilan entre los 5 mil y hasta 20 mil pesos.

Figuras Clave en la Red de Extorsión

Las denuncias no se quedan en señalamientos generales. En protestas anteriores, familiares señalaron a individuos específicos como presuntos cabecillas de esta red de extorsión. Nombres como Rubén y Miguel Primitivo Hernández, conocidos como "Los Primitivos", han sido mencionados como los supuestos responsables de encabezar una estructura dedicada a la extorsión y la venta de drogas al interior del penal. Asimismo, se acusa a Marcos Pavón, alias "El Nenuco", de estar involucrado en la comercialización de teléfonos celulares.

Un Problema Recurrente

Lo preocupante es que estas denuncias no son recientes. Desde 2025, las familias han alzado la voz sobre diversas modalidades de cobro que afectan directamente las condiciones de internamiento y la seguridad de los reclusos. En noviembre de 2025, un bloqueo en el Camino al Batán sirvió como plataforma para exponer la exigencia de hasta 8 mil pesos semanales para evitar agresiones. Meses antes, en agosto del mismo año, se denunciaron cobros por el acceso a servicios básicos como agua y artículos de limpieza, además de exigencias económicas a los recién ingresados.

La Política se Involucra: El Caso Robles

La gravedad de la situación en el Penal de San Miguel trascendió las fronteras del ámbito penitenciario y alcanzó la esfera política. Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, utilizó su cuenta de X para denunciar una agresión contra su hija, Mariana Moguel, quien habría sido bajada violentamente de su automóvil en la autopista México-Puebla por personas vinculadas a las protestas por el penal. Robles Berlanga aprovechó para lanzar una crítica directa a la Presidenta, instándola a "dejar de defender a su partido y dedicarse a gobernar", al tiempo que sentenció: "Se le cae el país a pedazos".

Implicaciones y Exigencias

Las protestas y bloqueos realizados por familiares de los internos buscan visibilizar la problemática y presionar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. La exigencia principal es la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien señalan como responsable de permitir o incluso orquestar estas prácticas ilegales. La situación en San Miguel pone de manifiesto la persistente crisis de gobernabilidad y seguridad en algunos centros penitenciarios del país, donde la corrupción parece reinar.

El Contexto de la Inseguridad en Puebla

Este escándalo en el Penal de San Miguel se suma a un contexto de preocupación por la inseguridad en el estado de Puebla. Las denuncias de extorsión y cobros ilegales dentro de un centro que debería garantizar la reinserción social, evidencian fallas estructurales en el sistema penitenciario. La presunta complicidad de personal del penal y la operación de redes criminales al interior de las cárceles son problemas que requieren una atención urgente y profunda por parte de las autoridades.

¿Qué Sigue para el Penal de San Miguel?

La presión ejercida por los familiares y la notoriedad que ha adquirido el caso, especialmente tras la intervención de Rosario Robles, podría forzar una respuesta oficial más contundente. Sin embargo, la historia de las prisiones mexicanas está plagada de escándalos similares que, en muchas ocasiones, terminan con cambios cosméticos y sin erradicar las redes de corrupción. La ciudadanía y los organismos de derechos humanos estarán atentos a las acciones que tome el gobierno estatal para desmantelar estas redes y garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de su libertad.

La Perspectiva de los Familiares

Para los familiares, la situación es de angustia constante. Viven con el temor de que sus seres queridos sean víctimas de la violencia o de la extorsión dentro del penal. La necesidad de pagar para asegurar su bienestar o para que salgan de áreas de castigo se convierte en una carga económica y emocional insostenible. La denuncia pública es, para muchos, la única vía para intentar cambiar una realidad que los oprime.

El Rol de las Autoridades Penitenciarias

La responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden en los centros penitenciarios recae en las autoridades encargadas de su administración. Las denuncias sobre la venta de drogas, celulares y extorsiones sugieren una grave falla en los mecanismos de control y supervisión. La presunta complicidad de personal del penal es un tema que debe ser investigado a fondo, pues socava la credibilidad del sistema y perpetúa un ciclo de impunidad.

El Impacto en la Gobernabilidad

Escándalos como el del Penal de San Miguel no solo afectan a quienes están directamente involucrados, sino que también tienen un impacto en la percepción de la gobernabilidad y la seguridad en el estado. Cuando los centros de reclusión se convierten en centros de operación criminal, la confianza en las instituciones se debilita. La Presidenta y las autoridades poblanas enfrentan el desafío de demostrar que pueden controlar estas situaciones y garantizar la justicia.

La Lucha por la Dignidad

En el fondo, las denuncias en el Penal de San Miguel son un llamado por la dignidad humana. Las personas privadas de su libertad, a pesar de estar cumpliendo una condena, no deberían ser objeto de abusos y extorsiones. La exigencia de condiciones mínimas de respeto y seguridad es un derecho fundamental que las autoridades deben garantizar, y que los familiares de los internos luchan por hacer valer.

Un Llamado a la Transparencia

La situación en San Miguel exige una investigación transparente y exhaustiva. Es necesario que se esclarezcan los hechos, se identifiquen a los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes. La opacidad y la falta de rendición de cuentas solo alimentan la corrupción y la impunidad, perpetuando un ciclo de violencia y abuso al interior de los centros penitenciarios.