Acusaciones de persecución selectiva
Felipe Calderón Hinojosa arremetió contra la Fiscalía General de la República después de que agentes ministeriales entregaran un citatorio a María Eugenia Campos, mandataria estatal de Chihuahua, para comparecer por la investigación relacionada con la presencia de operadores estadounidenses de inteligencia en territorio chihuahuense.
El exjefe del Ejecutivo federal calificó de "cobardes e hipócritas" a quienes dirigen la institución, argumentando que encubren y amparan a integrantes del partido oficialista con presuntos lazos con organizaciones criminales, mientras ejercen acción penal contra autoridades que enfrentan al hampa. Según Calderón, esto demuestra que las instituciones mexicanas están al servicio de la delincuencia y no de la población.
Citatorio en pleno Palacio de Gobierno
Representantes de la FGR se presentaron al mediodía del sábado en el Patio Central del edificio gubernamental para notificar formalmente a Campos Galván. La gobernadora deberá acudir a declarar el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. Durante la entrega del documento, la mandataria estatal expresó su molestia y lamentó que los agentes fueran portadores de "malas noticias" para Chihuahua.
La investigación se originó tras revelarse que elementos de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense participaron en un operativo para desarticular un laboratorio clandestino de narcóticos. La legislación nacional establece que únicamente dependencias federales pueden coordinar con agencias extranjeras y autorizar el ingreso de agentes foráneos en actividades de seguridad.
Cuestionamientos sobre Sinaloa
Campos Galván cuestionó públicamente si Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa señalado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con células del Cártel de Sinaloa, había recibido similar notificación. La mandataria chihuahuense ha sostenido que se trata de una persecución derivada del desmantelamiento del narcolaboratorio, negando haber coordinado o autorizado la presencia de operadores extranjeros.
Horas después del reclamo, la FGR informó mediante tarjeta informativa que Rocha Moya, junto con Enrique Inzunza y otros siete funcionarios sinaloenses, también fueron citados a comparecer. La Fiscalía indicó que las diez personas mencionadas en acusaciones presentadas ante tribunales neoyorquinos están siendo convocadas para rendir entrevistas ministeriales.
Críticas al manejo institucional
La controversia evidencia las acusaciones de uso político de las instituciones de procuración de justicia. Calderón y otros críticos del gobierno federal sostienen que existe un patrón de persecución contra opositores mientras se tolera la impunidad de figuras cercanas al partido en el poder. El caso ha reavivado el debate sobre la autonomía de la FGR y su actuación frente a casos sensibles que involucran a diferentes fuerzas políticas.
La comparecencia de Campos está programada para esta semana, en medio de tensiones entre el gobierno federal y administraciones estatales de oposición. La gobernadora ha manifestado que dará la cara ante las autoridades, manteniendo su postura de que las acciones en su contra responden a motivaciones políticas más que a fundamentos jurídicos sólidos.