El expresidente Felipe Calderón lanzó una andanada de críticas contra la Fiscalía General de la República tras el citatorio emitido a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, por el caso de agentes de la CIA en territorio nacional. Calderón no se guardó nada: "Cobardes e hipócritas", escribió en redes sociales, acusando a las autoridades de esconder y proteger a criminales afines al partido oficialista mientras persiguen judicialmente a quienes enfrentan al crimen organizado.
La mandataria estatal deberá comparecer el próximo 27 de mayo ante la FGR por una investigación derivada de un operativo que desmanteló un narcolaboratorio en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses. La Ley de Seguridad Nacional establece que únicamente instancias federales pueden autorizar la presencia de personal extranjero en operaciones de seguridad, facultad que Campos habría violado según la pesquisa oficial.
El exmandatario federal señaló que existen políticos de Morena con presuntos vínculos con la delincuencia organizada contra quienes no se han abierto carpetas de investigación. Para Calderón, la entrega del citatorio demuestra que las instituciones mexicanas están "al servicio de la delincuencia, no de los ciudadanos". La gobernadora panista recibió personalmente el documento este sábado al mediodía en Palacio de Gobierno, donde cuestionó por qué Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa señalado por Estados Unidos de vínculos con Los Chapitos, no había sido citado.
Horas después de las declaraciones de Campos, la FGR respondió mediante una tarjeta informativa confirmando que Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros siete funcionarios sinaloenses también fueron convocados a comparecer por las acusaciones presentadas ante una corte de Nueva York. Sin embargo, la cronología de los citatorios y la diferencia en el tratamiento mediático de ambos casos alimentan las acusaciones de persecución selectiva.
Maru Campos ha sostenido desde el inicio que se trata de una persecución política derivada del exitoso desmantelamiento del narcolaboratorio. La mandataria negó haber coordinado o autorizado la participación de agentes de la CIA en el operativo, argumentando que desconocía la presencia de personal extranjero durante la acción policial que derivó en el decomiso de drogas sintéticas.
La controversia expone las fracturas en el sistema de justicia mexicano y reaviva el debate sobre la politización de las instituciones encargadas de procurar justicia. Mientras el gobierno federal insiste en que se trata de investigaciones apegadas a derecho, la oposición denuncia un patrón de hostigamiento judicial contra gobernadores que no pertenecen al partido en el poder, en contraste con la aparente impunidad de funcionarios oficialistas señalados por autoridades extranjeras.