La Ciudad de México ha implementado una nueva estrategia para regular la movilidad y recuperar el espacio público, otorgando a más de mil elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) la facultad de aplicar multas de tránsito. Esta medida, que entró en vigor el pasado 23 de junio, busca combatir las "malas mañas" de los automovilistas y mejorar la seguridad vial en la capital, en un contexto marcado por eventos de gran afluencia como el Mundial de 2026.
Identificación y Verificación de Oficiales Autorizados
Para evitar abusos y confusiones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha establecido mecanismos claros para que los ciudadanos puedan identificar a los policías autorizados para infraccionar. No cualquier agente tiene esta potestad; se trata de un grupo selecto. En total, 717 oficiales están habilitados para emitir boletas mediante equipos electrónicos portátiles, mientras que otros 570 agentes pueden hacerlo a través de sistemas tecnológicos diversos. La clave para el ciudadano es la transparencia: cada policía autorizado portará un brazalete distintivo con un código QR. Al escanearlo, se desplegará información esencial como el número de placa e identidad del oficial, datos que pueden ser cotejados con el listado oficial publicado en la Gaceta Oficial.
La SSC ha sido enfática en que cualquier abuso de autoridad por parte de un elemento facultado resultará en la revocación inmediata de su autorización para infraccionar. Incluso, se contempla la suspensión de la participación de toda una alcaldía en el programa si se detectan irregularidades generalizadas. Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto indebido y contribuya a la correcta implementación de esta iniciativa.
Infracciones Prioritarias y Alcances Geográficos
Los policías de la PA y PBI se enfocarán en sancionar conductas que afectan directamente la fluidez del tráfico y la seguridad. Entre las "malas mañas" que serán objeto de infracción se encuentran la obstrucción de accesos de emergencia, la invasión de cajones designados para personas con discapacidad, el estacionamiento en doble fila frente a escuelas y bancos, y el abandono de vehículos en estado de chatarra en la vía pública. El objetivo primordial, según las autoridades, no es meramente recaudatorio, sino la recuperación del espacio público y la mejora sustancial de la seguridad vial.
Sin embargo, la aplicación de estas nuevas facultades no es uniforme en toda la metrópoli. La medida se ha concentrado estratégicamente en siete alcaldías: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztacalco. En Xochimilco, la facultad recae de manera exclusiva en los agentes del Sector 73, identificados con el indicativo 'Excalibur'. De forma similar, en Iztapalapa, solo los elementos del Sector 56, bajo el indicativo 'Cobra', están autorizados para infraccionar bajo este nuevo esquema. Hasta el momento, a pocos días de su implementación, no se han reportado irregularidades significativas, lo que sugiere una adopción inicial positiva del programa.
Contexto y Análisis de la Medida
Esta iniciativa se enmarca dentro de una serie de esfuerzos por parte del gobierno de la Ciudad de México para gestionar de manera más eficiente su compleja red de movilidad. La capital, una de las urbes más grandes y congestionadas del mundo, enfrenta desafíos constantes para mantener el orden vial y garantizar la seguridad de peatones y conductores. La incorporación de la Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial al esquema de infracciones de tránsito responde a la necesidad de aumentar la presencia policial en puntos críticos y de sancionar de manera más efectiva las faltas que más impactan la circulación.
Históricamente, la aplicación de multas de tránsito en la Ciudad de México ha estado principalmente a cargo de elementos de la policía de tránsito. La ampliación de esta facultad a otras corporaciones, como la PA y la PBI, sugiere una estrategia para diversificar los recursos y aumentar la cobertura, especialmente en zonas donde la presencia de tránsito tradicional podría ser limitada. La implementación de tecnología, como los dispositivos portátiles y los códigos QR, busca modernizar el proceso, hacerlo más transparente y reducir la posibilidad de corrupción.
Las implicaciones de esta medida son diversas. Por un lado, se espera una mejora en la disciplina vial y una reducción de los incidentes relacionados con el mal estacionamiento y la obstrucción de vías. La recuperación de espacios públicos, como banquetas y accesos, podría beneficiar significativamente a los peatones y a la calidad de vida en las zonas intervenidas. Por otro lado, la efectividad del programa dependerá en gran medida de la capacitación continua de los oficiales, la robustez de los sistemas tecnológicos y la respuesta de la ciudadanía ante las denuncias de irregularidades.
Analistas señalan que el éxito de esta política pública estará ligado a su capacidad para equilibrar la necesidad de orden con el respeto a los derechos de los ciudadanos. La transparencia en la identificación de los oficiales y la posibilidad de verificar su autorización son pasos cruciales en este sentido. Además, la comunicación constante con la población sobre los alcances y objetivos de la medida será fundamental para generar confianza y asegurar la cooperación ciudadana. La concentración de la medida en ciertas alcaldías también podría generar debates sobre la equidad en la aplicación de las normas de tránsito en toda la ciudad.
La coyuntura del Mundial de 2026, que atrae a miles de visitantes y aumenta la demanda de movilidad, añade un elemento de urgencia a estas estrategias. La SSC busca, con esta y otras medidas, asegurar que la infraestructura y la operación vial de la ciudad puedan responder adecuadamente a los picos de demanda, garantizando una experiencia segura y fluida para todos los usuarios de la vía pública, tanto locales como turistas. La evaluación continua y el ajuste del programa serán esenciales para su sostenibilidad a largo plazo.