La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha dictado una sanción económica de 67 millones de pesos contra nueve empresas y sus respectivos directivos. La medida responde a la simulación de competencia en procesos de contratación pública, lo que resultó en sobreprecios de más del 40% para diversas dependencias del Gobierno Federal en la adquisición y arrendamiento de tecnología.

Según las indagaciones de la autoridad de competencia, estas compañías habrían coordinado sus ofertas de manera deliberada durante un periodo de una década, abarcando desde 2012 hasta 2022. El objetivo de esta concertación era manipular los resultados de 14 procedimientos de contratación pública, los cuales estaban destinados a la compra o renta de equipos como computadoras, impresoras y sistemas de telecomunicaciones, así como otros servicios tecnológicos.

Las instituciones gubernamentales afectadas por estas prácticas incluyen a gigantes como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otras dependencias que sufrieron los sobrecostos son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Economía.

El Grupo Detrás de la Manipulación

La investigación de la CNA identificó que las nueve empresas sancionadas formaban parte de un mismo conglomerado económico, conocido internamente como Grupo Soluciones. Los integrantes de este grupo habrían acordado previamente qué precios presentarían en las licitaciones y qué empresas serían las designadas para participar en cada proceso, aparentando ser competidores independientes.

Para llevar a cabo esta estrategia de manipulación, el grupo contaba con una estructura operativa interna denominada ‘La Fábrica de Licitaciones’. Este equipo, compuesto por empleados específicos, era el encargado de determinar qué compañía participaría en cada concurso y de elaborar tanto las propuestas técnicas como las económicas que se presentarían ante las autoridades.

De esta forma, las empresas simulaban un escenario de competencia real, cuando en realidad las condiciones de participación y los precios ya habían sido pactados de antemano. Esta práctica resultó en la manipulación de los procedimientos de contratación, generando un perjuicio significativo al erario público.

Amplio Periodo de Irregularidades

Las irregularidades detectadas por la CNA se distribuyeron a lo largo de cuatro licitaciones públicas y diez procedimientos de invitación a cuando menos tres participantes. Estos eventos ocurrieron en un lapso considerable, iniciando el 27 de abril de 2012 y concluyendo el 28 de noviembre de 2022.

Las empresas específicas que recibieron las sanciones son: Soluciones Tecnológicas Especializadas, Ofi Store, Factoría de TI, Altum Tecnologic, Distribuidora y Comercializadora Bossanova, Ofiequipos P.C., Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, DSTI México e Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones.

La CNA enfatizó que la pertenencia a un mismo grupo empresarial no exime a las compañías de la obligación de competir de manera independiente cuando participan, incluso si lo hacen por separado, en procedimientos de contratación pública. La simulación de competencia, en este contexto, es una práctica que atenta contra la libre concurrencia.

Prácticas Monopólicas y Siguientes Pasos

Estas conductas han sido calificadas por la autoridad como prácticas monopólicas absolutas, las cuales representan las infracciones más graves contempladas en la Ley Federal de Competencia Económica. Estas prácticas buscan eliminar la competencia y pueden tener efectos perjudiciales en la economía y en el acceso a bienes y servicios.

La investigación que derivó en estas sanciones fue iniciada de oficio por la CNA el 31 de marzo de 2022. Las resoluciones y multas fueron impuestas el pasado 15 de octubre, marcando un hito en la aplicación de la ley antimonopolio.

Adicionalmente, la Comisión ha instruido notificar esta resolución a las instituciones gubernamentales afectadas, así como a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El objetivo es que estas entidades determinen los efectos legales correspondientes y tomen las medidas que consideren pertinentes para salvaguardar los recursos públicos.

Es importante señalar que las empresas y personas sancionadas aún cuentan con el derecho de impugnar la resolución. Podrán presentar sus inconformidades ante los juzgados federales especializados en competencia económica, quienes revisarán la legalidad y pertinencia de las sanciones impuestas por la CNA.

En el contexto económico actual, la actuación de la CNA busca fortalecer la competencia y prevenir abusos de mercado que puedan afectar el bolsillo de los contribuyentes. La simulación de competencia y los sobreprecios detectados en la adquisición de tecnología para dependencias clave del gobierno son un claro ejemplo de las prácticas que las autoridades antimonopolio buscan erradicar para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.