La administración federal ha lanzado una ofensiva contundente contra el "huachicol fiscal", logrando identificar un volumen alarmante de 8,824 millones de litros de combustible cuya procedencia legal no pudo ser acreditada durante el año 2025. Este hallazgo se traduce en un severo desbalance económico para las arcas públicas, cifrado en aproximadamente 61,785 millones de pesos, según reveló la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, en la reciente conferencia mañanera.

El Eslabón Más Débil: La Comercialización

El análisis exhaustivo, realizado en colaboración con diversas autoridades como parte del plan nacional contra el mercado ilegal de hidrocarburos, ha puesto el foco en el eslabón de la comercialización como el punto neurálgico de las irregularidades. En este segmento se detectaron 6,352 millones de litros sin trazabilidad, lo que representa una pérdida económica de 44,468 millones de pesos. La funcionaria enfatizó que la identificación de estas inconsistencias es un avance crucial, ya que ahora se tiene claridad sobre qué importadores, comercializadores, distribuidores y gasolineras operan con combustible de origen no declarado en sus facturas.

Las empresas que han hecho un uso indebido de sus permisos enfrentarán ahora la rendición de cuentas ante las autoridades competentes y deberán cubrir los impuestos correspondientes, marcando un precedente en la lucha contra la evasión fiscal en el sector energético.

Aduanas Refuerzan el Control y la Vigilancia

Paralelamente, el control y la vigilancia en las aduanas han sido fortalecidos, resultando en un incremento del 10.54% en el volumen de combustibles declarados en importación entre enero y septiembre de 2025 y 2026. En 2025, se declararon 23,933 millones de litros importados, cifra que ascendió a 26,455 millones de litros en 2026 gracias a la verificación rigurosa de cargamentos en las 14 aduanas del país.

Esta labor ha derivado en la aplicación de más de 500 multas por información errónea, tardía o inexacta, además de la apertura de procesos administrativos y legales contra 8 agentes aduanales. Como resultado directo, se han recuperado 1,952 millones de litros de combustible que se pretendían introducir ilegalmente al país, equivalentes a 13,664 millones de pesos, según detalló Juan José Vidal Amaro, subsecretario de hidrocarburos de la Sener.

Monitoreo y Sanciones en Toda la Cadena

La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha implementado un sistema de monitoreo para el transporte de combustibles, registrando 61,557 unidades equipadas con sistemas GPS y códigos QR, lo que representa el 93% del total de vehículos del sector.

En cuanto a los permisos de comercialización y expendio, se han cancelado 264 licencias y otros 307 permisionarios se encuentran bajo procedimiento de sanción. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también ha sido un actor clave, aplicando medidas severas contra actividades ilegales. Se han cerrado 2,224 empresas por vender combustibles sin permiso, y se han impuesto 6,483 multas a 2,032 gasolineras por incumplir o realizar de forma inadecuada sus controles volumétricos.

Adicionalmente, 180 empresas han sido dadas de baja del padrón de importadores por introducir contrabando, y 175 han sido identificadas como "factureras", es decir, empresas fachada utilizadas para la simulación de operaciones. Estas acciones han permitido un incremento del IEPS declarado por 48,411 millones de pesos.

Denuncias Penales y Detenciones

La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido 152 casos penales por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) investiga 127 casos de defraudación fiscal, y la CNE ha recibido 159 reportes por inconsistencias en volúmenes de despacho.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha presentado 10,674 denuncias por robo de combustibles, mientras que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha iniciado 11 casos por contrabando y declaraciones falsas de volúmenes de importación. El saldo de estas acciones incluye 2,539 detenidos, 5,572 unidades aseguradas (pipas, autotanques, remolques y carrotanques) y la incautación de 173.7 millones de litros de combustible.

Enfoque en los Comercializadores

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el intenso trabajo realizado y la existencia de un centro de monitoreo de combustibles que permite identificar a los actores de la cadena de valor y detectar fallas en tiempo real. Esta base de datos, interconectada entre el SAT, Aduanas, CNE, Marina y con comunicación con el servicio de aduanas de Estados Unidos, asegura la correspondencia entre los volúmenes de combustible exportados y los recibidos en el mercado mexicano.

Actualmente, el equipo de trabajo se concentra en los permisos de comercialización, ya que estos actores, al no poseer activos físicos y dedicarse únicamente a la compraventa, representan un foco de alta actividad ilegal. La mandataria federal señaló que se están evaluando reformas a la ley para limitar la participación de estas figuras en el mercado de combustibles, donde se ha detectado la mayor cantidad de ilícitos.

En contexto, el "huachicol fiscal" representa una modalidad de evasión fiscal que, si bien no implica la sustracción física de combustible de ductos como el "huachicol" tradicional, sí genera enormes pérdidas al erario público mediante la subdeclaración de volúmenes importados o la simulación de operaciones. La estrategia de trazabilidad implementada busca precisamente cerrar estas brechas, obligando a cada actor de la cadena a justificar el origen y destino de los hidrocarburos que maneja. Históricamente, la complejidad de la cadena de suministro de combustibles ha facilitado la operación de esquemas fraudulentos, y la actual administración ha puesto énfasis en desmantelar estas redes mediante la tecnología y la coordinación interinstitucional.

Las implicaciones de este combate van más allá de la recuperación de ingresos fiscales; buscan garantizar la competencia leal en el mercado de combustibles, evitar la entrada de productos de dudosa calidad y fortalecer la seguridad energética del país. La Presidenta Sheinbaum ha reiterado el compromiso de su gobierno para erradicar estas prácticas, señalando que la investigación profunda sobre los comercializadores es un paso fundamental para desarticular las redes de corrupción que se han enquistado en el sector.

El análisis de la Sener, en conjunto con otras dependencias, subraya la necesidad de una vigilancia constante y de mecanismos de control cada vez más sofisticados. La vinculación con autoridades estadounidenses, por ejemplo, es clave para monitorear el flujo transfronterizo de combustibles y prevenir el contrabando. La efectividad de estas medidas se reflejará no solo en las cifras de recaudación, sino también en la transparencia y la legalidad del mercado energético mexicano, un objetivo prioritario para la actual administración.

Las sanciones aplicadas, que van desde multas y cancelación de permisos hasta procesos penales, envían un mensaje claro a los actores del mercado: la impunidad ha terminado. La recuperación de miles de millones de pesos y la detención de cientos de personas son testimonio del esfuerzo coordinado y la determinación del gobierno para sanear el sector y asegurar que los recursos públicos se destinen al beneficio de la sociedad y no a bolsillos ilícitos.

La estrategia de "huachicol fiscal" se suma a otros esfuerzos del gobierno para fortalecer las finanzas públicas y combatir la corrupción en todos los niveles. La Presidenta Sheinbaum ha insistido en que la honestidad y la eficiencia en la gestión de los recursos son pilares fundamentales de su administración, y la lucha contra la evasión fiscal en el sector energético es una muestra palpable de este compromiso.