Una brutal agresión terminó con la vida de Jairo Iovane Alvarado González, una mujer trans de 34 años, en la capital de Durango. Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves en el interior de la barbería Shelby, ubicada en la calle Isla Ángel de la Guarda, donde la víctima recibió 16 heridas con un objeto punzocortante. El suceso ha conmocionado a la comunidad y ha generado una fuerte exigencia por parte de colectivos y defensores de los derechos de las personas LGBT+ para que el asesinato sea investigado no como un simple homicidio, sino como un transfeminicidio y crimen de odio.
Jairo Iovane, originaria de Tayoltita, municipio de San Dimas, había llegado a Durango capital en busca de mejores oportunidades. Se dedicaba al trabajo sexual, actividad que realizaba principalmente a través de medios digitales. Su muerte ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y los riesgos a los que se enfrentan las mujeres trans en el país, especialmente aquellas que ejercen el trabajo sexual.
Detienen a presunto responsable en el lugar de los hechos
Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de Erick Israel, de 25 años, quien se desempeñaba como trabajador en la barbería donde ocurrió el crimen. El joven fue señalado como el presunto responsable y puesto a disposición de la Fiscalía estatal para las investigaciones correspondientes. Según las primeras declaraciones del detenido, habría sostenido una discusión con Jairo Iovane, la cual derivó en un forcejeo en el que utilizó unas tijeras para agredirla.
Sin embargo, colectivos de la comunidad LGBT+ sugieren que el altercado pudo haberse originado por la solicitud de servicios sexuales y que la discusión fue iniciada por el agresor debido a la identidad de género de la víctima. Estas circunstancias son cruciales para la investigación y deberán ser esclarecidas por la autoridad ministerial para determinar si existió un móvil relacionado con la identidad de género de Jairo Iovane.
Exigencia de justicia y tipificación como transfeminicidio
La indignación por el asesinato de Jairo Iovane se manifestó de inmediato entre integrantes de la comunidad LGBT+ en Durango. Tadeo Campagne, director general de Casa Arcoíris y coordinador del Observatorio de Crímenes de Odio en Durango, expresó su profundo pesar y señaló que este caso evidencia una vez más las precarias condiciones de vulnerabilidad que enfrenta esta población.
Campagne enfatizó que la exigencia de justicia va más allá de sancionar al culpable; busca que se reconozca la violencia específica que sufren las mujeres trans. Subrayó los riesgos inherentes al trabajo sexual, especialmente ante la falta de oportunidades laborales dignas y seguras. En este sentido, hizo un llamado a la regulación del trabajo sexual para garantizar la protección de quienes lo ejercen y evitar su criminalización, recordando que para muchas mujeres trans, esta actividad representa una de las pocas alternativas económicas viables.
Además, el activista hizo un llamado a los medios de comunicación a mantener el respeto a la identidad de la víctima, refiriéndose a ella como mujer trans incluso después de su muerte, un aspecto fundamental para la dignidad y el reconocimiento de su identidad.
El Congreso de Durango, un obstáculo para la protección de la comunidad LGBT+
La exigencia central de Casa Arcoíris y otros colectivos es que la Fiscalía investigue el asesinato como un posible transfeminicidio y crimen de odio. Sin embargo, el camino hacia la justicia se ve obstaculizado por la inacción legislativa en Durango. Tadeo Campagne señaló que, a pesar de los años de impulso por parte de la comunidad LGBT+ para reconocer jurídicamente la identidad de género y establecer sanciones específicas para crímenes de odio, las iniciativas permanecen "congeladas" en el Congreso local.
Esta falta de avance legislativo, según Campagne, genera impotencia y enojo, pues la entidad aún carece de una figura penal específica para el transfeminicidio y de una legislación integral que permita reconocer y sancionar de manera diferenciada los asesinatos motivados por la identidad de género. La ausencia de estas disposiciones dificulta la visibilización de la violencia específica contra las personas trans y complica que las investigaciones incorporen desde el inicio los elementos relacionados con posibles prejuicios.
Urge una Fiscalía especializada y capacitada
Ante este panorama, Campagne reiteró la necesidad de contar con una Fiscalía especializada y con personal capacitado para atender a las personas de la diversidad sexual. Una unidad que pueda investigar las denuncias de manera adecuada, sin ignorar la identidad de género ni permitir que esta se convierta en un factor de discriminación institucional. La falta de sensibilidad y conocimiento especializado en las autoridades puede revictimizar a las víctimas y sus familias, además de dejar impunes crímenes que deberían ser abordados con perspectiva de género y derechos humanos.
El contexto nacional agrava la situación. Durante 2025, se documentaron más de 59 asesinatos de personas LGBT+ en México, una cifra alarmante que subraya la urgencia de atender la violencia y discriminación que enfrenta esta comunidad. Cada uno de estos casos representa una vida truncada y una falla del Estado en garantizar la seguridad y los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
La muerte de Jairo Iovane no es un hecho aislado, sino un reflejo de la persistente violencia y discriminación que sufren las personas trans en México. La exigencia de justicia y la demanda de que se investigue como transfeminicidio buscan no solo honrar su memoria, sino también impulsar cambios legislativos y sociales que protejan a la comunidad LGBT+ de futuras tragedias. La lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad continúa, y casos como este son un doloroso recordatorio de lo mucho que aún falta por hacer.
La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad y perspectiva de género, garantizando un proceso judicial justo y transparente. La memoria de Jairo Iovane merece justicia, y su caso debe servir como catalizador para una mayor protección y reconocimiento de los derechos de las personas trans en Durango y en todo México. La sociedad civil organizada seguirá vigilante, exigiendo que la justicia prevalezca y que se erradique la violencia motivada por el odio y la discriminación.