El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado un estado de excepción en todo el territorio nacional, una medida drástica implementada en las primeras horas del sábado. La decisión surge tras más de 50 días de continuas protestas y bloqueos de carreteras que han paralizado al país, afectando gravemente el suministro de bienes esenciales y la libre circulación.

En un mensaje a la nación, Paz enfatizó que esta medida no busca restringir las libertades ciudadanas, sino, por el contrario, "devolverle la libertad a la gente" al permitir el libre tránsito y el acceso a los servicios básicos. La declaración de estado de excepción, que puede extenderse hasta por 90 días, faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar con la policía para despejar las vías y garantizar el orden público.

El Origen del Conflicto

Las protestas, que iniciaron con demandas sectoriales no atendidas por el gobierno, escalaron hasta convertirse en un clamor por la renuncia del presidente Paz. Sectores empresariales y diversos actores sociales habían instado al mandatario a buscar una solución negociada, pero la persistencia de dos sindicatos radicales ha forzado la intervención del gobierno.

Estos grupos, identificados como el sindicato agrario Túpac Katari y cocaleros afines al expresidente Evo Morales, mantienen el control de rutas clave, incluyendo los accesos a La Paz y la ruta hacia el oriente del país. Su principal exigencia es la dimisión inmediata de Paz.

Despliegue y Reacciones

Tras la declaratoria, las fuerzas del orden avanzaron sin encontrar resistencia significativa en las principales arterias bloqueadas. En varias localidades, los ciudadanos recibieron a la policía con aplausos y banderas, evidenciando el hartazgo por la prolongada crisis. Los manifestantes se retiraron, dejando escombros y obstáculos que tractores comenzaron a despejar, una tarea que, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, podría tomar al menos dos días.

"Esto es un respiro para todos, ya estamos cansados, era hora, los bloqueadores eran pocos pero hicieron mucho daño", comentó Edy Marca, un residente de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a The Associated Press. Sin embargo, la resistencia no ha cesado por completo. Cocaleros del Chapare, seguidores de Evo Morales, han anticipado que continuarán su lucha.

"Quieren intimidarnos con este estado de excepción. Vamos a continuar con la lucha", declaró el dirigente cocalero Severo Marca desde el Chapare. Las fuerzas de seguridad aún no han avanzado hacia los puntos más conflictivos donde se han registrado enfrentamientos violentos en días previos.

Crisis de Suministro y Medida Gubernamental

El estado de excepción tiene como objetivo primordial garantizar el suministro de combustible, que se ha visto severamente afectado por los bloqueos, dejando varados a numerosos camiones cisterna. La escasez de oxígeno medicinal y alimentos también ha sido una consecuencia directa de la parálisis vial.

El decreto prohíbe explícitamente el bloqueo de calles, avenidas, caminos y carreteras que obstaculicen la circulación y el abastecimiento. Las Fuerzas Armadas apoyarán temporalmente a la policía en la recuperación del orden y la protección de la población.

La Administradora Boliviana de Carreteras reporta más de 40 puntos de bloqueo activos, con La Paz y El Alto como las ciudades más afectadas. El departamento de Cochabamba también sufre una considerable afectación.

Antecedentes y Demandas

La medida de excepción no limita las garantías constitucionales ni el derecho al debido proceso, permitiendo que la vida cotidiana de los ciudadanos continúe. Sin embargo, la situación ha sido crítica, con La Paz desabastecida de alimentos y combustibles, y al menos 17 fallecidos, muchos de ellos por falta de atención médica debido a los bloqueos, según informes del Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.

El gobierno de Paz logró firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, que se desmarcó de los sindicatos campesinos del altiplano y de los afines a Evo Morales. Estos últimos se niegan a dialogar con el gobierno actual y persisten en su demanda de renuncia.

El ejecutivo boliviano acusa a Evo Morales de orquestar las protestas desde su bastión en el Chapare, una región cocalera en el centro del país. Morales se ha mantenido en dicha zona desde octubre de 2023, tras una compleja situación política que culminó con su renuncia en 2019.

La declaración de estado de excepción marca un punto de inflexión en la crisis boliviana, buscando restaurar la normalidad y el orden en un país sumido en protestas prolongadas y un severo desabastecimiento.