La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociación de Bancos de México (ABM) presentaron un protocolo conjunto para identificar y monitorear transacciones financieras relacionadas con actividades de extorsión en el país.
El documento establece lineamientos específicos para que las instituciones bancarias detecten patrones sospechosos en operaciones que pudieran estar vinculadas con este delito, que ha registrado un incremento sostenido en los últimos años.
Una de las modalidades prioritarias que aborda la guía son las extorsiones coordinadas desde el interior de centros penitenciarios, fenómeno que ha sido documentado por autoridades de seguridad en diversas entidades del país.
El protocolo busca fortalecer los mecanismos de prevención del sector financiero ante la creciente sofisticación de las redes criminales que utilizan el sistema bancario para movilizar recursos obtenidos mediante intimidación y amenazas.
La iniciativa representa un esfuerzo de coordinación entre reguladores financieros y la banca privada para cerrar espacios a la operación del crimen organizado en el sistema de pagos nacional.
Las instituciones financieras deberán implementar los criterios establecidos en la guía como parte de sus obligaciones de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas.