Un sector vital de la medicina tradicional mexicana, las parteras, se encuentra en pie de guerra contra lo que consideran un embate directo del gobierno federal para erradicar su práctica ancestral. Las parteras tradicionales han alzado la voz para denunciar que la Norma Oficial Mexicana (NOM) número 20, lejos de reconocer y valorar sus conocimientos milenarios, busca activamente su desaparición al clasificarlas como "personal no profesional autorizado" y someterlas a requisitos que desvirtúan su labor.
La principal queja radica en la exigencia de que las parteras se inscriban en un registro oficial para poder expedir certificados de nacimiento. Este requisito, que de por sí ya representa una carga administrativa y burocrática, se agrava al estipular que dichos certificados deben contar con la validación y firma de médicos alópatas. Esto, según las afectadas, anula la autonomía y el carácter propio de su práctica, subordinándola a un sistema médico que, en muchos casos, ha demostrado ser inaccesible o poco empático con las necesidades de las comunidades rurales e indígenas.
Las parteras argumentan que su labor va más allá de la simple asistencia en el parto. Representan un pilar cultural y social en muchas comunidades, transmitiendo conocimientos de generación en generación y ofreciendo un servicio de salud integral, respetuoso y adaptado a las cosmovisiones locales. La NOM 20, en su visión, ignora por completo esta dimensión, reduciendo su quehacer a una mera función técnica que debe ser supervisada y aprobada por la medicina convencional.
"Nos quieren desaparecer", sentenció una de las voceras del movimiento, visiblemente afectada. "No entienden que nuestro conocimiento es valioso, que hemos atendido a miles de mujeres y bebés con éxito durante siglos. Ahora nos quieren poner sellos y firmas de médicos que ni siquiera conocen nuestras comunidades ni nuestras prácticas". La frustración es palpable, pues sienten que el Estado, en lugar de ser un aliado, se ha convertido en un obstáculo para la continuidad de su legado.
El contexto de esta denuncia se enmarca en una creciente tensión entre la medicina tradicional y las políticas de salud pública implementadas por el gobierno. Si bien se han hecho esfuerzos por integrar saberes ancestrales en el sistema de salud, en la práctica, las normativas suelen ser restrictivas y orientadas a la homologación con estándares occidentales, lo que genera resistencia y desconfianza entre los practicantes de medicinas tradicionales.
Las parteras señalan que la NOM 20 no solo las descalifica profesionalmente, sino que también podría tener un impacto negativo en el acceso a servicios de salud materna en zonas remotas. Al dificultar o encarecer la expedición de certificados de nacimiento, se podría generar una brecha aún mayor para las familias que dependen de sus servicios, obligándolas a recurrir a sistemas de salud que a menudo les son ajenos o inalcanzables.
La exigencia de la firma de médicos alópatas es vista como una imposición que cuestiona la competencia y la ética de las parteras. "¿Por qué un médico que no estuvo presente, que no conoce el proceso, tiene que firmar?", cuestionan. "Es una falta de respeto a nuestra experiencia y a la confianza que las mujeres depositan en nosotras". Esta medida, argumentan, podría llevar a la negación de registros civiles para recién nacidos, creando problemas legales y administrativos para las familias.
Ante esta situación, las parteras han anunciado una serie de movilizaciones y acciones legales para defender su derecho a ejercer su profesión libremente y sin imposiciones. Buscan dialogar con las autoridades sanitarias para revisar y modificar la NOM 20, proponiendo un enfoque que reconozca la diversidad de prácticas de salud en México y que garantice el respeto a los saberes ancestrales.
La comunidad de parteras ha recibido el apoyo de diversas organizaciones civiles y académicas que defienden los derechos de los pueblos originarios y la medicina tradicional. Estos grupos han instado al gobierno a reconsiderar su postura y a abrir un espacio de diálogo genuino que permita construir políticas de salud más inclusivas y respetuosas.
El debate sobre la NOM 20 pone de manifiesto la compleja relación entre la medicina moderna y las prácticas tradicionales en México. Mientras el gobierno busca estandarizar y regular los servicios de salud, sectores de la sociedad civil defienden la riqueza y la pertinencia de los conocimientos ancestrales, exigiendo un reconocimiento que vaya más allá de meras declaraciones y se traduzca en políticas públicas efectivas y respetuosas.
La lucha de las parteras es un llamado de atención sobre la necesidad de proteger y valorar la diversidad cultural y de saberes en México. Su denuncia subraya la urgencia de que las políticas de salud reconozcan la importancia de la medicina tradicional como un componente esencial del sistema de salud nacional, y no como una práctica a ser erradicada o subordinada.
Se espera que en los próximos días se intensifiquen las protestas y las gestiones ante las autoridades sanitarias. Las parteras han dejado claro que no cejarán en su empeño por defender su profesión y el legado cultural que representan, buscando un futuro donde sus saberes sean honrados y no amenazados por normativas restrictivas.
La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante para otras prácticas de medicina tradicional en el país, marcando el camino hacia un sistema de salud verdaderamente incluyente o, por el contrario, consolidando un modelo que privilegia la estandarización sobre la diversidad y el respeto a las raíces culturales.