La reciente presentación de una lista de objetivos criminales de alto perfil detenidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de ser un motivo de celebración, expone las profundas grietas de una estrategia de seguridad fallida y la persistente sombra del crimen organizado en México.

Sheinbaum, en un intento por proyectar una imagen de eficacia y continuidad en materia de seguridad, destacó las acciones emprendidas por las autoridades federales. Sin embargo, la propia lista de nombres, que incluye figuras como Ovidio Guzmán López, Rafael Caro Quintero, José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Rosalinda González Valencia, Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo”, Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana” y Érick Valencia Salazar “El 85”, es un testimonio del poderío y la persistencia de los grupos criminales que operan en el país.

La narrativa oficial intenta vender estas detenciones como triunfos contundentes. No obstante, la realidad es que la captura de estos líderes, muchos de ellos considerados objetivos prioritarios por México y Estados Unidos, no ha significado una disminución significativa de la violencia ni un desmantelamiento efectivo de las estructuras criminales. Al contrario, la fragmentación de cárteles y la disputa por territorios a menudo resultan en un recrudecimiento de la violencia, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión.

El sexenio de López Obrador se caracterizó por una política de seguridad ambigua, marcada por la retórica de “abrazos, no balazos” y la militarización de tareas de seguridad pública. Si bien se reportaron más de 84 mil detenciones vinculadas a actividades delictivas, incluyendo a varios de estos capos de alto perfil, la estrategia no logró erradicar las causas profundas de la inseguridad ni mermar el poderío económico y operativo de los cárteles.

La detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en enero de 2023, fue presentada como un logro mayúsculo. Sin embargo, la recaptura se dio tras un operativo sangriento en Sinaloa que dejó decenas de muertos y evidenció la capacidad de fuego y organización de Los Chapitos. De manera similar, la captura de Rafael Caro Quintero en julio de 2022, un capo histórico, no detuvo la violencia ni la operación de grupos vinculados a él.

“El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido en agosto de 2020, pero su aprehensión no significó el fin de la disputa por el control de ductos de Pemex en Guanajuato. Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, señalado como jefe de seguridad de Los Chapitos, fue detenido en noviembre de 2023, pero la violencia en Culiacán persiste. La detención de miembros clave del CJNG, como los hermanos de “El Mencho” y “El 85”, tampoco ha logrado debilitar significativamente a esta organización, que sigue expandiendo su influencia a nivel nacional e internacional.

La mención de Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”, detenida en 2021, subraya la complejidad de las redes criminales, donde las operaciones financieras y logísticas son tan importantes como el liderazgo visible.

La administración de López Obrador heredó un problema grave de inseguridad, pero su estrategia, criticada por su falta de contundencia y por privilegiar la contención sobre la erradicación, no logró revertir la tendencia. La violencia homicida, los secuestros, las extorsiones y los enfrentamientos entre grupos criminales se mantuvieron en niveles alarmantes durante todo el sexenio.

En contraste, las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, destacando una mayor cooperación con la administración de Claudia Sheinbaum, plantean interrogantes sobre la efectividad de la colaboración previa. Mullin afirmó que el gobierno de Sheinbaum ha mostrado una cooperación más amplia que la administración anterior, bajo un esquema de respeto a la soberanía mexicana.

Sheinbaum, al responder a estos elogios, reiteró el compromiso de México de mantener la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y combate al narcotráfico, siempre dentro del marco de cooperación bilateral y respeto mutuo. Sin embargo, estas declaraciones, si bien buscan proyectar una imagen de fortaleza y entendimiento internacional, no deben opacar la cruda realidad de la inseguridad que aún azota al país.

La estrategia de seguridad de AMLO, a pesar de las detenciones de figuras relevantes, dejó un legado de violencia persistente y cárteles fortalecidos. La transición hacia la administración de Sheinbaum, con un supuesto aumento en la cooperación con EU, deberá demostrar si es capaz de ofrecer resultados tangibles y duraderos en la lucha contra el crimen organizado, o si simplemente se trata de una continuidad con matices.

La pregunta clave no es cuántos capos fueron detenidos, sino cuántos más surgieron para ocupar su lugar y cuántas vidas se perdieron en el proceso. La lista de detenidos es un espejo de un sexenio donde la lucha contra el crimen organizado fue un desafío constante y, en gran medida, insatisfactorio.

El desafío para la administración actual es mayúsculo: no solo mantener la cooperación internacional, sino implementar políticas efectivas que ataquen las raíces del problema, desde la prevención hasta el combate frontal a la corrupción y el lavado de dinero, para realmente aspirar a un México más seguro y en paz.

La retórica de éxito en la captura de líderes criminales debe ser contrastada con la realidad cotidiana de miles de mexicanos que viven bajo el yugo de la violencia y la impunidad. La verdadera medida del éxito será la reducción sostenible de la criminalidad y la recuperación del Estado de derecho en todo el territorio nacional.