La sombra de la impunidad se cierne de nuevo sobre el sexenio que apenas concluye, y esta vez, las protestas apuntan directamente a la puerta de la quinta de Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas. Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro, joven de 20 años presuntamente ejecutado por elementos de la policía estatal en noviembre de 2025, ha lanzado una advertencia contundente: si las autoridades no imparten justicia, llevará su reclamo hasta "La Chingada", la residencia privada del expresidente.

La indignación de Lucio Isidro no es para menos. Han transcurrido más de seis meses desde que su hijo, un estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia con un futuro prometedor en el ámbito ganadero, fue privado de la vida en circunstancias que, según la familia, huelen a encubrimiento y abuso de poder. La versión oficial, o al menos la que se ha logrado desentrañar a cuentagotas, apunta a un confuso incidente en un retén policial que terminó en tragedia.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Rodrigo Isidro no se detuvo en un retén que, según testimonios, operaba de manera irregular. Lo que siguió fue una persecución que culminó con disparos contra el vehículo del joven. Rodrigo resultó herido, y su auto se detuvo. Es en este punto donde las acusaciones de la familia se vuelven más graves: sostienen que los policías no solo alteraron la escena del crimen, sino que incluso intentaron sembrar evidencia, como la colocación de un arma que, aseguran, no pertenecía a su hijo.

La familia Isidro no solo exige la detención de los responsables directos, sino que señala la presunta complicidad de mandos superiores. Lucio Isidro ha sido enfático al declarar que falta la captura de un mando policial que, según su versión, dio la orden de "rematar" a su hijo. Esta acusación directa pone el dedo en la llaga sobre la estructura de mando y la posible protección que gozan algunos elementos dentro de las corporaciones de seguridad.

Además, la presunta alteración de la escena del crimen, incluyendo el retiro de cámaras de seguridad que pudieron haber captado la actuación de los agentes, refuerza la narrativa de un encubrimiento orquestado. La familia busca visibilizar lo que describen como una "violencia uniformada" endémica en Tabasco, un estado que, paradójicamente, fue gobernado por el partido del presidente y que ahora enfrenta las consecuencias de una seguridad pública deficiente.

La marcha convocada por Lucio Isidro no se limita a una protesta local. El plan contempla un recorrido hacia la Ciudad de México, donde se presentarán escritos ante instancias federales clave: la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y, por supuesto, Palacio Nacional. La intención es clara: presionar al más alto nivel para que el caso de Rodrigo Isidro no quede impune y sirva como un llamado de atención sobre la grave crisis de seguridad que azota al país.

Sin embargo, el "Plan B" es el que ha captado la atención mediática y política. La amenaza de instalar un plantón frente a la residencia de AMLO en Palenque no es un capricho, sino una estrategia desesperada para ser escuchados. "De allá salen las instrucciones, salen las órdenes", declaró Lucio Isidro, sugiriendo una conexión directa entre las decisiones tomadas en el círculo cercano del expresidente y la impunidad que, según él, prevalece en casos como el de su hijo.

Este caso pone de manifiesto las profundas fisuras en el sistema de justicia mexicano, donde la confianza en las instituciones se erosiona día a día. La detención de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, anunciada por la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2025, fue un primer paso, pero para la familia Isidro, es insuficiente. La exigencia de justicia va más allá de los ejecutores materiales; apunta a quienes orquestan y protegen estos actos desde las sombras.

La figura de Rodrigo Isidro, un joven dedicado a sus estudios y con aspiraciones claras, contrasta brutalmente con el final violento que le fue impuesto. Su historia se suma a la larga lista de víctimas de la inseguridad y la violencia que han marcado el sexenio, y que ahora, al finalizar el mandato, parecen querer cobrar factura directamente al arquitecto de la "Cuarta Transformación".

La decisión de protestar en "La Chingada" es un golpe directo a la imagen de austeridad y cercanía con el pueblo que AMLO intentó proyectar. Al llevar la protesta a su hogar, la familia Isidro busca exponer la hipocresía de un discurso que prometió seguridad y justicia, pero que, según ellos, dejó un rastro de impunidad y violencia. La pregunta que queda en el aire es si el expresidente, desde su retiro, responderá a este llamado o si la indiferencia será su última palabra.

Este incidente subraya la persistente problemática de la inseguridad en México, donde la "estrategia de abrazos, no balazos" ha sido cuestionada por su efectividad ante la violencia desmedida. La familia Isidro representa a miles de mexicanos que claman por seguridad y justicia, y que ven en la figura presidencial, incluso después de dejar el cargo, un punto de referencia para exigir rendición de cuentas.

La protesta anunciada podría convertirse en un dolor de cabeza político para el gobierno entrante y para la propia figura de López Obrador, quien aún mantiene una considerable influencia en la opinión pública. La presión mediática y social que genere esta manifestación podría obligar a las autoridades a tomar cartas en el asunto de manera más contundente, o, por el contrario, evidenciar la debilidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

El "Plan B" de Lucio Isidro es, en esencia, un grito desesperado por justicia que resuena en los pasillos del poder. La imagen de un padre exigiendo cuentas frente a la residencia del expresidente es un poderoso símbolo de la lucha ciudadana contra la impunidad y la violencia que, lamentablemente, sigue siendo una constante en el México actual.

La respuesta de las autoridades federales será crucial. Si ignoran esta demanda, la percepción de un gobierno que protege a los suyos y deja a la ciudadanía a merced de la violencia se afianzará. Si, por el contrario, actúan con celeridad y transparencia, podrían mitigar el daño político y, sobre todo, ofrecer un atisbo de esperanza a las familias que han perdido a sus seres queridos en circunstancias similares.