La controversial planta de amoniaco que Grupo Proman, a través de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), construye en Topolobampo, Sinaloa, enfrenta una renovada y enérgica oposición. Organizaciones ambientalistas de renombre internacional, como Greenpeace México, junto con colectivos locales y comunidades indígenas, han intensificado su presión para exigir la cancelación definitiva del proyecto. La protesta, que ha llegado hasta el Zócalo de la Ciudad de México, pone en el centro del debate la seguridad ambiental, la consulta a los pueblos originarios y la postura del gobierno federal ante un megaproyecto que genera profundas divisiones.
La movilización de este lunes no es un hecho aislado; coincide con la conmemoración de los 100 días de un plantón permanente contra la instalación y el inicio de una nueva revisión técnica federal. Este proceso, programado del 7 al 11 de septiembre, busca, según las autoridades, evaluar la viabilidad y los impactos del proyecto. Sin embargo, para los opositores, estas revisiones y las consultas previas son meros formalismos que no abordan las preocupaciones fundamentales.
Cuestionamientos a la Consulta y la Voluntad Indígena
Felipe Montaño Valenzuela, vocero del colectivo ¡Aquí No! y gobernador tradicional de la comunidad indígena Mayo-Yoreme de Ohuira, ha sido una voz crítica constante. Montaño Valenzuela ha denunciado públicamente que las consultas previas realizadas hasta ahora carecen de los elementos esenciales de legitimidad: no fueron previas, ni se llevaron a cabo de buena fe, ni estuvieron debidamente informadas, y mucho menos fueron culturalmente adecuadas para las comunidades originarias. La afirmación central es contundente: las comunidades directamente afectadas por la construcción de la planta en la bahía de Ohuira jamás otorgaron su consentimiento libre, previo e informado.
El colectivo ¡Aquí No! va más allá al cuestionar la validez de cualquier ejercicio de consulta que el gobierno pretenda utilizar como respaldo para la planta de amoniaco. Argumentan que las mesas de diálogo recientes con autoridades y la empresa, aunque se respeten en aras de mantener canales de comunicación, no implican una aceptación del proyecto. La postura de Montaño es clara: el diálogo se mantiene, pero el rechazo al proyecto es inamovible. Las comunidades opositoras confían en que los estudios técnicos y ajustes que se realicen eventualmente confirmarán la inviabilidad de la instalación, tal como lo han sostenido desde el inicio.
El Fantasma de una Fuga de Amoniaco
Las advertencias de Greenpeace y ¡Aquí No! sobre los riesgos inherentes a la planta de amoniaco son alarmantes. Ambas organizaciones han puesto sobre la mesa los potenciales efectos devastadores de una fuga del compuesto químico. Basándose en cálculos derivados de la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por la empresa constructora, un escape de amoniaco de tan solo cinco minutos podría tener consecuencias mortales en un radio de 15 kilómetros. La situación se agrava si la fuga se prolonga a 15 minutos, extendiendo el alcance de la zona de peligro hasta 45 kilómetros.
Pero los riesgos no se limitan a un posible accidente. Los ambientalistas señalan que el proyecto amenaza directamente ecosistemas de vital importancia, incluyendo humedales reconocidos internacionalmente por su valor ecológico. Además, alertan sobre el peligro para especies protegidas y la posible afectación de un territorio que las comunidades Mayo-Yoreme consideran sagrado. Las actividades tradicionales, como la pesca, que sustentan la economía y cultura de la región, también se verían seriamente comprometidas por la presencia y operación de esta planta.
La Postura Presidencial: Avance y Revisión
Ante la creciente presión y las protestas, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el proyecto. Sheinbaum reconoció que la planta "ya tiene un avance muy importante" y recordó que, durante el sexenio anterior, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo una consulta en la que, según su versión, las comunidades habrían votado a favor. Esta declaración busca legitimar el proceso y el estado actual del proyecto.
Sin embargo, la mandataria también informó que, desde hace aproximadamente tres meses, equipos de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Gobernación (Segob), junto con otras dependencias federales, han estado sosteniendo asambleas con la población. El objetivo de estas reuniones es doble: escuchar las inquietudes de los habitantes y revisar tanto los compromisos que la empresa supuestamente ha incumplido como los posibles impactos ambientales que el proyecto podría generar. Sheinbaum enfatizó que "la decisión no está tomada", pero aclaró que la planta "sigue" y no ha sido cancelada, dejando abierta la posibilidad de ajustes o medidas de mitigación.
La presidenta aseguró que el gobierno está enfocado en garantizar que la laguna de Topolobampo no sufra contaminación y en revisar a fondo los estudios ambientales. El propósito es determinar con precisión los impactos y definir las medidas necesarias para evitarlos, reducirlos o mitigarlos. Esta postura oficial busca un equilibrio entre el avance del proyecto y la atención a las preocupaciones ambientales y sociales.
La Persistencia de la Oposición
Frente a la postura del gobierno, Greenpeace y ¡Aquí No! reiteran su demanda de cancelación definitiva. Consideran que cualquier intento de modificar la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo en esta etapa tardía no resuelve las objeciones fundamentales que han mantenido durante más de una década. Para las organizaciones ambientalistas y las comunidades locales, el proyecto representa una amenaza inaceptable para el medio ambiente y el patrimonio cultural de la región. La lucha por detener la planta de amoniaco en Topolobampo parece estar lejos de concluir, y la presión sobre el gobierno federal se mantendrá hasta obtener una respuesta definitiva que, esperan, sea la cancelación total del proyecto.
En el contexto de la política ambiental mexicana, este caso se suma a una larga lista de conflictos socioambientales donde los intereses económicos y el desarrollo industrial chocan con la protección de ecosistemas y los derechos de las comunidades. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de navegar estas complejas tensiones, buscando un equilibrio que, hasta ahora, no ha logrado satisfacer a todas las partes involucradas. La decisión final sobre la planta de amoniaco en Topolobampo será un indicador clave de la dirección que tomará la política ambiental del actual gobierno.