La reciente tragedia en Nepal, donde el colapso de una masa de hielo en el Himalaya provocó una devastación sin precedentes, ha encendido las alarmas en Argentina. La catástrofe natural, atribuida a los efectos del cambio climático y al retroceso de los glaciares, sirve ahora como un sombrío presagio para el futuro de los vastos campos de hielo andinos argentinos, especialmente tras la reciente reforma a la Ley de Protección de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei.
LA SOMBRA DE NEPAL SOBRE LOS ANDES
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace, ha sido enfática al señalar que, si bien los ecosistemas son distintos, el evento en Nepal es una clara advertencia global sobre la fragilidad de los glaciares y el fenómeno del retroceso que ya afecta a Argentina. La reforma legal, aprobada en abril pasado, ha generado una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil, quienes argumentan que la modificación abre la puerta a actividades extractivas en zonas aledañas a los glaciares, incrementando exponencialmente los riesgos ambientales.
Argentina, que alberga 16,968 cuerpos de hielo cubriendo una superficie de 8,484 kilómetros cuadrados, reconoció en 2024 el impacto del aumento de la temperatura, que ha provocado el retroceso de casi todos sus glaciares andinos en la Patagonia. El emblemático Glaciar Perito Moreno, Patrimonio de la Humanidad desde 1981, no ha sido la excepción.
UN PASADO DE PROTECCIÓN, UN PRESENTE DE RIESGO
Históricamente, Argentina fue pionera en Latinoamérica al promulgar en 2010 una ley que consagraba a los glaciares como reservas estratégicas de agua. Sin embargo, la reciente modificación, impulsada por el gobierno de Milei, ha sumado la presión de actividades extractivas a los ya evidentes efectos del cambio climático. La reforma, que ha sido rechazada por cerca de 900 mil firmas ciudadanas, permite a las provincias autorizar proyectos mineros en zonas periglaciales, bajo el argumento de que estos territorios no contienen reservas estratégicas de recursos hídricos. Los ambientalistas denuncian que esta disposición otorga un poder discrecional peligroso sobre áreas cruciales para la conservación del agua.
MINERÍA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS: UNA COMBINACIÓN PELIGROSA
La modificación legal se produce en un contexto de auge de nuevas inversiones mineras, especialmente en litio, cobre y oro, alentadas por los beneficios fiscales que el gobierno de Milei ofrece a las empresas del sector. Cristian Fernández, coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advierte sobre los graves riesgos inherentes a la minería en estos ecosistemas. La voladura de montañas con dinamita y la construcción de diques de cola para el manejo de residuos, que implican el uso de agua y sustancias químicas como el cianuro, presentan un peligro latente de filtración hacia las napas subterráneas y la consecuente contaminación de acuíferos y ríos. Además, estos diques artificiales son susceptibles de colapsar, generando desastres ambientales.
EL AGUA DULCE, UN RECURSO VITAL EN PELIGRO
Rossi Serra, de Greenpeace, recuerda que los glaciares son los mayores reservorios de agua dulce del planeta, almacenando aproximadamente el 70% del total mundial. Su papel en la regulación de los ciclos hídricos es fundamental, y millones de personas dependen del agua proveniente del deshielo para su consumo, la agricultura y la generación de energía. En Argentina, entre el 18% y el 20% de la población depende directamente del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales, lo que subraya la criticidad de la situación.
LA JUSTICIA, ÚLTIMA BARRERA CONTRA LA REFORMA
Ante este panorama, la provincia de La Pampa y diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Greenpeace y FARN, han presentado un amparo colectivo contra la reforma de la Ley de Glaciares. El objetivo es paralizar la aplicación de la nueva norma hasta que la Justicia determine su constitucionalidad. Sin embargo, el proceso judicial avanza con lentitud, generando preocupación entre los activistas.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una de las organizaciones impulsoras de la demanda, ha expresado su inquietud por la falta de respuesta del juzgado. La disputa legal tiene un importante antecedente: en 2019, la Corte Suprema de Argentina ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares de 2010, tras una demanda presentada por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan. En aquella ocasión, el máximo tribunal reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que los derechos colectivos, como el acceso al agua, prevalecen sobre otros intereses.
Fernández, de FARN, considera que la reforma es inconstitucional y, más allá de la estrategia judicial, busca mantener el tema en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares. La reforma representa, a su juicio, un grave retroceso frente a la legislación que durante años protegió los campos de hielo argentinos. "Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos", concluyó, haciendo un llamado a la reflexión y a la acción para proteger uno de los recursos más vitales del planeta.