La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades en la aplicación de los recursos destinados al presupuesto participativo, un mecanismo diseñado para que los ciudadanos decidan directamente sobre el destino de una parte del gasto público.
Según el segundo informe parcial de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la ASCM ha identificado que en al menos ocho de las 16 alcaldías de la capital, los proyectos aprobados por la ciudadanía no han sido ejecutados en su totalidad, han sido sustituidos por otras obras o se encuentran inconclusos.
Falta de Transparencia y Ejecución
Este hallazgo representa un serio revés para los esfuerzos de democratización del gasto público y la participación ciudadana. El presupuesto participativo fue concebido como una herramienta para fortalecer la relación entre gobierno y sociedad, permitiendo a los habitantes de cada demarcación priorizar obras y servicios que consideren esenciales para su comunidad.
Sin embargo, los resultados de la auditoría sugieren que este mecanismo no está operando de manera óptima. La detección de proyectos no ejecutados, sustituidos o inconclusos en la mitad de las alcaldías revisadas levanta serias dudas sobre la eficiencia y la transparencia en la gestión de estos fondos.
La ASCM, en su labor de fiscalización, ha documentado que los recursos asignados a estos proyectos, que provienen directamente de las contribuciones ciudadanas, no están siendo utilizados conforme a lo planeado y aprobado por los propios vecinos.
Implicaciones para la Ciudadanía
Las implicaciones de estas irregularidades son múltiples. Por un lado, los ciudadanos que participaron activamente en la definición de estos proyectos ven frustradas sus expectativas al no ver materializadas las obras o servicios que consideraron prioritarios. Esto puede generar desconfianza y desincentivar la participación futura en estos mecanismos.
Por otro lado, la sustitución de proyectos o su ejecución parcial puede responder a intereses ajenos a las necesidades reales de las comunidades, o bien, a una deficiente planeación y supervisión por parte de las administraciones locales.
La falta de conclusión de obras puede derivar en desperdicio de recursos públicos, afectando la calidad de vida de los habitantes y generando problemas adicionales, como la persistencia de carencias o la aparición de nuevos focos de atención.
El Proceso de Revisión
El informe de la Auditoría Superior de la Ciudad de México se basa en revisiones exhaustivas realizadas durante el ejercicio fiscal 2025. La revisión abarcó la mitad de las alcaldías, lo que sugiere que el problema podría ser aún mayor si se extienden los análisis a la totalidad de las demarcaciones territoriales.
La metodología de auditoría busca verificar que los recursos públicos se apliquen de manera legal, eficiente y transparente, cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron asignados. En este caso, el objetivo era la ejecución de proyectos definidos por la ciudadanía.
Los resultados preliminares, presentados en el segundo informe parcial, son un llamado de atención para las autoridades locales y un punto de partida para exigir rendición de cuentas.
Contexto del Gasto Participativo
El presupuesto participativo es una figura relativamente reciente en la administración pública de la Ciudad de México, implementada con el objetivo de acercar a los ciudadanos a las decisiones de gobierno y fomentar una cultura de corresponsabilidad.
Históricamente, la asignación del gasto público ha sido un proceso complejo y, en ocasiones, opaco. Mecanismos como el presupuesto participativo buscan revertir esta tendencia, empoderando a la ciudadanía y promoviendo una mayor transparencia.
Sin embargo, la efectividad de estas herramientas depende en gran medida de la voluntad política de las administraciones para implementarlas correctamente, así como de mecanismos de supervisión y control que garanticen el cumplimiento de los acuerdos.
Próximos Pasos y Rendición de Cuentas
Tras la detección de estas irregularidades, se espera que la Auditoría Superior de la Ciudad de México emita recomendaciones específicas a las alcaldías involucradas. Estas recomendaciones podrían incluir la obligación de concluir los proyectos pendientes, justificar las sustituciones realizadas o incluso, en casos de desvío de recursos, iniciar procedimientos administrativos o legales.
La ciudadanía, por su parte, tiene el derecho de exigir a sus representantes locales información detallada sobre el estado de los proyectos del presupuesto participativo y las razones detrás de las fallas detectadas por la auditoría.
La transparencia en la difusión de los resultados completos de la auditoría y las acciones que se deriven de ella será fundamental para restaurar la confianza en los mecanismos de participación ciudadana y asegurar que los recursos públicos, especialmente aquellos decididos por la propia gente, se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la comunidad.