La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, ha lanzado un desafío directo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), negando categóricamente las acusaciones de haber simulado un autosecuestro para encubrir un presunto desfalco de 40 millones de pesos. En una postura firme, Nápoles Pacheco no solo rechaza las imputaciones, sino que también exige una revisión exhaustiva del caso por parte del fiscal general, señalando presuntas irregularidades y un trato inapropiado por parte de la autoridad investigadora.
En declaraciones realizadas ante medios de comunicación, la edil afirmó haber sido atendida por tres ministerios públicos distintos durante el proceso, describiendo su experiencia como una serie de "métodos de manipulación" y un trato que, a su juicio, no corresponde a la investidura de una fiscalía. Esta situación ha llevado a Nápoles Pacheco a solicitar formalmente que el fiscal general atraiga personalmente la investigación y examine el actuar de todos los funcionarios involucrados.
La alcaldesa ha manifestado su intención de esperar a tener en sus manos la documentación oficial que sustenta las imputaciones de la Fiscalía antes de presentar formalmente su defensa. "Hay que revisar lo que ahora dice la Fiscalía, porque no coincide. Estoy en espera de tener a la mano la documentación que ellos exhiben para hacer esta imputación y, a partir de ahí, hacer mi defensa", declaró, subrayando la discrepancia entre las versiones oficiales y su propia perspectiva de los hechos.
En cuanto a la presunta malversación de fondos, Nancy Nápoles Pacheco fue enfática al negar la existencia de un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo. Según la alcaldesa, esta versión ha sido utilizada como pretexto para justificar las acusaciones en su contra. "Lo dejo muy claro: no hay, no hay, no existe una cantidad que sea un faltante dentro de las finanzas", afirmó con contundencia.
Nápoles Pacheco insistió en que los recursos señalados son localizables y están debidamente comprobados contablemente, calificando las acusaciones de "totalmente falsas". Añadió que el ejercicio fiscal 2025 ya ha sido auditado por el órgano de fiscalización correspondiente y que ella misma ha solicitado una nueva auditoría integral para disipar cualquier duda sobre la gestión de los recursos públicos. "Que se revise cada acto de esta administración para que confirme lo que estamos diciendo, porque no hay manera de sostener lo contrario", sentenció.
Respecto a las afirmaciones de la Fiscalía sobre la presunta fuga de su esposo, la alcaldesa también desmintió esta versión. "No, mi esposo no está prófugo. Mi esposo está libre, mi esposo está realizando sus actividades", aseguró. Sin embargo, reconoció que existe una persona cercana a su familia, la pareja de su hermana, cuyo paradero se desconoce desde hace más de una semana.
Al ser cuestionada sobre la posible relación de esta persona con su supuesto secuestro, Nápoles Pacheco admitió que existen indicios que podrían apuntar en esa dirección. No obstante, criticó que la Fiscalía no ha logrado esclarecer completamente esta línea de investigación, dejando cabos sueltos en un caso que, según ella, está siendo manejado de forma deficiente y manipuladora.
El caso de Nancy Nápoles Pacheco pone de manifiesto las complejas dinámicas entre las autoridades municipales y las fiscalías estatales en el Estado de México. Las acusaciones de autosecuestro y desfalco, de ser ciertas, representarían un grave atentado contra la confianza pública y la transparencia en la gestión de recursos. Sin embargo, la firmeza con la que la alcaldesa ha rechazado las imputaciones y su exigencia de una investigación imparcial abren un escenario de incertidumbre sobre la veracidad de las versiones presentadas por la FGJEM.
En el contexto político del Estado de México, este tipo de señalamientos pueden tener repercusiones significativas, especialmente si se confirman irregularidades financieras. La credibilidad de las instituciones de procuración de justicia se ve puesta a prueba, y la ciudadanía espera respuestas claras y contundentes que restauren la confianza en el manejo de los fondos públicos y en la imparcialidad de las investigaciones.
La postura de la alcaldesa, al retar a la Fiscalía y negar las acusaciones, sugiere que podría haber elementos que no han sido debidamente considerados o que la investigación ha tomado un rumbo sesgado. La solicitud de que el fiscal general atraiga el caso es una medida que busca garantizar una revisión objetiva y despojada de posibles influencias o errores procedimentales que pudieran haber ocurrido en las etapas iniciales de la investigación.
El hecho de que Morena, partido al que pertenece la alcaldesa, haya suspendido sus derechos partidistas, añade una capa adicional de complejidad al asunto. Si bien esta medida se tomó ante las acusaciones iniciales, la defensa enérgica de Nápoles Pacheco podría generar un debate interno en el partido sobre la conducción de las investigaciones y la presunción de inocencia, o bien, podría ser una señal de que el partido busca deslindarse de posibles escándalos.
La situación subraya la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública. Independientemente de la resolución final, el caso de la alcaldesa de Tenancingo servirá como un recordatorio de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para prevenir y sancionar actos de corrupción, garantizando al mismo tiempo el debido proceso para todos los implicados.
La comunidad política y la opinión pública estarán atentas a los próximos desarrollos, esperando que la verdad prevalezca y que se haga justicia, ya sea confirmando las acusaciones de la Fiscalía o validando las defensas presentadas por la alcaldesa Nápoles Pacheco. La resolución de este caso será crucial para la percepción de la justicia y la gobernanza en el Estado de México.