El escándalo político en Michoacán se intensifica. Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, ha lanzado graves acusaciones contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, señalándola como una presunta "aviadora" que habría cobrado indebidamente más de 200 millones de pesos del erario público.
Las imputaciones, presentadas en una conferencia de prensa, giran en torno a la supuesta labor de Quiroz como asesora legislativa del diputado petista Carlos Tafolla. Según Gaona, la hoy alcaldesa habría figurado en la nómina del Congreso entre septiembre de 2024 y junio de 2025, percibiendo un salario bruto de 282 mil 35 pesos y una suma neta de 201 mil 501 pesos, sin haber desempeñado funciones reales en dicho periodo.
El Congreso Exige Rendición de Cuentas
El legislador presentó documentación que, afirmó, sustenta sus acusaciones. Estos documentos, obtenidos del sistema administrativo del Congreso, detallan las percepciones de Quiroz y son la base para la solicitud de que la edil reintegre los fondos presuntamente cobrados de manera irregular. Gaona García anunció que promoverá acciones legales y administrativas ante la Contraloría del Congreso para exigir la restitución de estos más de 200 millones de pesos, que provendrían de la recaudación del impuesto predial en Uruapan.
"Vamos a solicitar a la Contraloría que investigue esta doble función y que reintegre esos dineros al Congreso, porque queda evidenciado que fue una aviadora que cobró indebidamente aquí en el Congreso y que no prestó servicios", declaró Gaona, subrayando la gravedad de la situación.
La confrontación entre el presidente del Congreso y la alcaldesa de Uruapan no es nueva. En semanas recientes, Gaona había declarado a Quiroz como persona no grata y restringido su acceso al Palacio Legislativo. Esta medida se tomó tras responsabilizarla por los daños ocurridos durante protestas contra una reforma electoral aprobada en mayo, vinculando a Quiroz con el llamado "Movimiento del Sombrero", una organización afín al fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, esposo de la edil.
La Defensa de la Alcaldesa y la Postura del Congreso
Por su parte, Grecia Quiroz ha negado categóricamente las acusaciones, asegurando que sí realizó labores vinculadas a la actividad legislativa mientras formó parte del Congreso. Su argumento se centra en que desempeñó funciones de "gestoría", "gestión territorial" y "asesoría política", términos que, según Gaona, no existen formalmente dentro de la estructura administrativa del Congreso.
"Aquí eres asesor o no eres asesor. No hay otro cargo", sentenció el presidente de la Mesa Directiva, desestimando la versión de la alcaldesa y reafirmando que la figura de "aviador" se ajusta a su situación, dado que, según las pruebas presentadas, Quiroz realizaba actividades públicas como presidenta honoraria del DIF Uruapan durante el mismo periodo en que supuestamente cobraba en el Congreso.
Las publicaciones y notas informativas de abril de 2025, donde Quiroz aparece encabezando actividades del DIF Uruapan, son presentadas por Gaona como evidencia de esta "doble función", que a su juicio, confirma su calidad de "aviadora".
Implicaciones y Siguientes Pasos
La decisión final sobre la existencia de irregularidades administrativas y las responsabilidades correspondientes recaerá en la Contraloría del Congreso. Sin embargo, la denuncia pública por parte de Baltazar Gaona ha puesto el foco en la gestión de Grecia Quiroz y en las prácticas dentro del Poder Legislativo de Michoacán. Este caso se suma a un clima de tensión política en la entidad, marcado por enfrentamientos entre diferentes facciones y la reciente reforma electoral.
El diputado Carlos Tafolla, a quien estaba adscrita Quiroz, ha defendido en diversas ocasiones la legalidad de su contratación, argumentando que la alcaldesa realizaba labores de gestoría y atención ciudadana. No obstante, la evidencia presentada por Gaona y la exigencia de la devolución de 200 millones de pesos abren un capítulo crítico en la política michoacana.
La situación plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y la fiscalización de las nóminas legislativas. La Contraloría tendrá la tarea de investigar a fondo las acusaciones y determinar si hubo malversación de fondos o un uso indebido de recursos, lo que podría tener serias consecuencias para la alcaldesa de Uruapan y para la imagen del Congreso del Estado.
Este conflicto pone de manifiesto las complejas relaciones políticas en Michoacán y la constante pugna por el poder y los recursos. La resolución de este caso será crucial para sentar un precedente en materia de rendición de cuentas y transparencia en la administración pública estatal.
La alcaldesa, por su parte, se encuentra en una posición delicada, enfrentando no solo acusaciones de corrupción, sino también un clima de animadversión política que podría afectar su gestión al frente del municipio de Uruapan. La respuesta de las autoridades contraloras será determinante para el futuro político de Grecia Quiroz y para la credibilidad de las instituciones michoacanas.
El Congreso de Michoacán, a través de su presidente, ha tomado una postura firme, buscando no solo la recuperación de fondos, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad y la ética en el servicio público. La pelota está ahora en la cancha de la Contraloría, que deberá actuar con diligencia y objetividad para esclarecer los hechos y aplicar la justicia correspondiente.
La opinión pública estará atenta a los desarrollos de este caso, que sin duda marcará un hito en la política de Michoacán y podría tener repercusiones a nivel nacional en cuanto a la percepción de la corrupción y la impunidad en el ámbito gubernamental.