La alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, Ana Patricia Peralta de la Peña, se encuentra en el ojo del huracán, enfrentando serias investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado indagatorias para determinar su presunta implicación en el desvío de recursos públicos, operaciones vinculadas al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, y supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Paralelamente, las autoridades estadounidenses han tomado la drástica medida de retirar las visas a Peralta de la Peña, a su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero. Aunque las razones específicas de esta decisión por parte de EE.UU. no han sido públicamente detalladas, y no se ha establecido una conexión directa con las pesquisas en México, el hecho subraya la gravedad de la situación que rodea a la funcionaria.

Recursos de Cancún Bajo Sospecha

Las investigaciones federales en México se centran en el manejo de recursos y las estructuras del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es el popular destino turístico de Cancún. Una de las líneas de investigación busca esclarecer si recursos públicos, personal o incluso estructuras municipales fueron presuntamente utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

La FGR está profundizando en el origen y destino de los recursos bajo escrutinio, intentando determinar quién habría dado la orden para su utilización, cómo se canalizaron y qué funcionarios pudieron haber participado en estas presuntas operaciones ilícitas. El objetivo es deslindar responsabilidades y establecer la cadena de mando en caso de que se confirmen los desvíos.

El Fantasma del Huachicol Fiscal

La vertiente del huachicol fiscal cobra especial relevancia ante la aparición de Rafael Marín Mollinedo, quien estuvo al frente de la ANAM, una institución clave en la vigilancia del comercio exterior y el combate al ingreso ilegal de combustibles. Expedientes en poder de las autoridades federales indican que la FGR ha solicitado información a la ANAM sobre operaciones de presunto contrabando de combustibles que habrían ocurrido durante el periodo en que Marín Mollinedo estuvo al frente.

Se ha documentado la existencia de la causa penal 325/2025, radicada en el Estado de México, relacionada con investigaciones sobre huachicol fiscal. Es importante señalar que la existencia de esta causa penal no implica, por sí misma, que Rafael Marín Mollinedo se encuentre imputado en ella. Sin embargo, pone de manifiesto el alcance de las indagatorias en torno a este ilícito.

Uno de los casos específicos bajo investigación de la FGR involucra operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., en pesquisas sobre el ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques. Informes preliminares sugieren que esta red habría logrado introducir una cantidad masiva de combustible, superando los 18 millones de litros, antes de ser detectada.

Rafael Marín Mollinedo ha negado públicamente cualquier señalamiento de corrupción, afirmando que durante su gestión en la ANAM, fue la propia agencia la que identificó y denunció irregularidades. La FGR será la encargada de determinar las responsabilidades individuales y si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra funcionarios o exfuncionarios.

Presuntos Lazos con el Crimen Organizado

Las pesquisas de la FGR también abarcan la indagación de presuntos contactos o relaciones de la alcaldesa Peralta de la Peña con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Las autoridades buscan determinar la naturaleza y el alcance de estas posibles conexiones, identificar a los individuos involucrados y establecer si existe alguna relación entre esta línea de investigación, las presuntas operaciones de huachicol fiscal y el supuesto desvío de recursos públicos.

La FGR deberá evaluar si estos contactos tienen relevancia penal y si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial. Es crucial destacar que, hasta el momento, estos señalamientos son líneas de investigación ministerial y no constituyen hechos acreditados mediante sentencia, ni implican por sí mismos responsabilidad penal para las personas mencionadas.

El Impacto del Retiro de Visas

La decisión de Estados Unidos de retirar las visas a Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro añade una dimensión internacional a la crisis. Si bien las autoridades estadounidenses no han especificado las razones, en el contexto de las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero, este tipo de acciones suelen indicar preocupaciones sobre la integridad y la posible implicación en actividades ilícitas.

Este escenario pone en jaque la carrera política de Peralta de la Peña y genera un clima de incertidumbre en uno de los destinos turísticos más importantes de México. La situación subraya los desafíos que enfrentan las autoridades mexicanas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y la importancia de la cooperación internacional en estos frentes.

El caso de la alcaldesa de Benito Juárez es un recordatorio de la compleja red de intereses y actividades ilícitas que pueden permear en distintos niveles de gobierno, y de cómo las investigaciones, tanto nacionales como internacionales, pueden converger para exponer presuntas irregularidades. La FGR y las autoridades estadounidenses continuarán sus indagaciones para determinar la verdad de los hechos y, en su caso, aplicar la justicia correspondiente.