Las cifras oficiales revelan una paradoja alarmante en materia de seguridad para las mujeres mexicanas: mientras los feminicidios registraron una disminución durante el año pasado, las agresiones físicas intencionales contra mujeres escalaron a niveles sin precedentes.
Los datos del cierre anual muestran que las lesiones dolosas —aquellas causadas de manera deliberada— contra víctimas femeninas experimentaron un incremento significativo, configurando un panorama preocupante que las autoridades no han logrado contener.
Esta tendencia al alza en las agresiones físicas plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas diseñadas para proteger a las mujeres. Aunque el descenso en feminicidios podría interpretarse como un avance, el repunte en lesiones dolosas sugiere que la violencia contra las mujeres simplemente está mutando en sus manifestaciones, sin desaparecer.
Expertos en seguridad advierten que el aumento en agresiones físicas intencionales podría estar relacionado con la impunidad prevaleciente y la falta de mecanismos efectivos de prevención. La violencia de género continúa siendo una deuda pendiente del Estado mexicano, que no ha conseguido articular estrategias integrales para erradicar este flagelo.
Las organizaciones civiles han señalado reiteradamente que las estadísticas oficiales apenas capturan una fracción de la realidad, ya que muchas agresiones nunca se denuncian por temor o desconfianza en las instituciones. El incremento documentado en lesiones dolosas representa únicamente los casos que llegaron a conocimiento de las autoridades, lo que sugiere que la dimensión real del problema podría ser considerablemente mayor.
Mientras las autoridades celebran la reducción en feminicidios, la escalada en agresiones físicas contra mujeres expone la persistencia de patrones de violencia que requieren atención urgente y soluciones estructurales más allá de los discursos oficiales.