La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa legislativa, la Ley de Economía Digital, con el objetivo primordial de transformar el panorama de los pagos en México. Esta propuesta, gestada en colaboración con el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), busca no solo modernizar las transacciones financieras, sino también aliviar la carga económica que representan las comisiones para comercios y consumidores.
En una reciente reunión con legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Othón Moreno, director general del Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercado del Banxico, detalló los alcances de la iniciativa. Señaló que la Ley de Economía Digital se complementará con otras medidas destinadas a la reducción de las cuotas de intercambio en los pagos realizados con tarjetas. Este esfuerzo conjunto subraya la determinación del gobierno por agilizar y abaratar las operaciones financieras en el país.
La consulta pública sobre esta ley, que concluye en breve, ha sido un espacio clave para la retroalimentación y el ajuste de la propuesta. La colaboración entre el Banxico, la CNBV y la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José Antonio Peña Merino, ha sido fundamental para alinear los objetivos de la ley con las estrategias nacionales de promoción de sistemas de pagos en tiempo real, como el SPEI.
Uno de los pilares de esta legislación es la simplificación de la apertura de cuentas bancarias. El Banxico busca facilitar el acceso a servicios financieros para un mayor número de personas, al tiempo que se implementan salvaguardas para prevenir el uso de estas cuentas con fines ilícitos. La estrategia se enfoca en agilizar los procesos para operaciones de menor monto, minimizando así los riesgos asociados a delitos financieros y, simultáneamente, empoderando a los pequeños comercios para expandir sus operaciones.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, ha sido un firme promotor de la visión de un México con menor dependencia del efectivo. Ante los diputados, afirmó con convicción que la infraestructura y la capacidad tecnológica del país son suficientes para transitar hacia la eliminación de los pagos en efectivo, incluso en sectores clave como gasolineras y casetas de peaje.
Esta visión se sustenta en el creciente acceso a la tecnología. Peña Merino destacó que el 94% de la población mexicana ya cuenta con conectividad a telefonía celular e internet, y se aspira a alcanzar el 98%. Este avance, que se ha extendido incluso a sectores de la población mayor y a zonas rurales, donde el acceso a internet ha pasado del 39% al 75% entre 2017 y 2025, sienta las bases para una adopción masiva de los pagos digitales.
La seguridad de los datos es una preocupación inherente a la digitalización, pero Peña Merino aseguró que la ley contempla mecanismos robustos para proteger la información. Subrayó que el acceso a documentos digitales requiere autorización explícita del titular, y que la implementación de la identidad digital, ya en uso en otros países, se está fortaleciendo para prevenir el robo de identidad y garantizar la confidencialidad de las transacciones.
La Ley de Economía Digital no solo promete modernizar las transacciones, sino que también se perfila como un motor de desarrollo económico. Al reducir costos y tiempos de transacción, se espera facilitar el intercambio comercial entre personas y empresas, fomentando así la inclusión financiera y la formalización de la economía. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado será crucial para habilitar la infraestructura necesaria y promover activamente el uso de soluciones tecnológicas.
Para el sector privado, la ley estipula que los comercios que opten por aceptar pagos digitales deberán contar con la infraestructura adecuada, informar claramente a sus clientes sobre los métodos de pago aceptados y gestionar eficientemente cualquier falla operativa. Por su parte, el sector público deberá adaptar sus sistemas para recibir pagos digitales en trámites y servicios, impulsando así la digitalización desde la administración.
La promoción masiva del uso de pagos digitales y electrónicos es vista como un componente esencial para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Se anticipa que esta transición contribuirá significativamente a la prosperidad económica del país, fortaleciendo sus regiones, localidades y comunidades.
En el contexto de la economía mexicana, esta iniciativa se alinea con esfuerzos globales por modernizar los sistemas de pago y reducir la dependencia del efectivo, un fenómeno que, si bien presenta desafíos, abre un abanico de oportunidades para la eficiencia, la transparencia y el crecimiento económico inclusivo.
El impulso a la economía digital, con la consecuente reducción de comisiones y la facilitación de transacciones, representa un respaldo significativo para el sector productivo. Al disminuir las barreras de entrada y operación para pequeños y medianos empresarios, se fomenta un entorno más competitivo y dinámico, esencial para la reactivación y el crecimiento sostenido.
La estrategia gubernamental, respaldada por el Banxico y la CNBV, busca crear un ecosistema financiero más robusto y accesible. La Ley de Economía Digital es, en este sentido, una pieza clave que, al facilitar la adopción de tecnologías de pago, no solo beneficia a los consumidores, sino que fortalece la estructura productiva del país, preparándola para los desafíos y oportunidades del siglo XXI.
La visión de un futuro con pagos digitales generalizados, aunque ambiciosa, se fundamenta en la infraestructura existente y en el potencial de crecimiento tecnológico. La iniciativa presidencial, al abordar directamente las comisiones y la accesibilidad, se posiciona como un catalizador para la modernización financiera y el desarrollo económico integral de México.