La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido exonerada de cualquier investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bertha Alcalde, titular de la dependencia capitalina, emitió declaraciones contundentes este jueves para aclarar que no existe ningún caso abierto ni activo relacionado con la mandataria estatal, desmintiendo así las versiones que circulaban sobre una supuesta indagatoria.

Las especulaciones surgieron a raíz de una denuncia presentada por el senador de Morena, Javier Corral, quien acusó a Campos Galván de presunta privación ilegal de la libertad y otros hechos relacionados con un intento de detención previo a la actual administración en la capital del país. Sin embargo, la propia Fiscalía de la CDMX, tras realizar las investigaciones pertinentes, determinó que no existía delito alguno que perseguir, lo que llevó al no ejercicio de la acción penal, figura jurídica que implica el cierre formal de cualquier expediente.

Bertha Alcalde fue enfática al señalar que la información en torno a este asunto ha sido manipulada con “otro tipo de objetivos”, subrayando la objetividad y profesionalismo con que actuó la fiscalía. Explicó que, si bien la denuncia de Corral obligó legalmente a la institución a iniciar una investigación para determinar la existencia de un delito y la procedencia de judicializarlo, las indagaciones concluyeron que no había conductas delictivas que sustentaran una acción penal.

“Esta fiscalía determinó a partir de actos de investigación que realizó que no había delito en este caso”, afirmó Alcalde, detallando que la resolución de no ejercicio de la acción penal significa que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para continuar con un procedimiento penal. La fiscal también recordó que el denunciante tiene el derecho de impugnar dicha determinación ante las autoridades judiciales, lo cual, según se desprende, ha ocurrido en este caso.

La defensa de la gobernadora Campos Galván, encabezada por Roberto Gil Zuarth, ha calificado la serie de procedimientos emprendidos en su contra como un “hostigamiento sistemático”. Gil Zuarth señaló que, incluso, se ha recibido un citatorio por parte de un juez de la Ciudad de México para una audiencia donde se debatirá la posible reapertura de una carpeta de investigación que, según la propia fiscalía, ya estaba cerrada.

Este nuevo capítulo en la saga de señalamientos contra Maru Campos pone de manifiesto las complejas y a menudo politizadas batallas legales que enfrentan figuras políticas en México. La intervención de la Fiscalía de la CDMX, y en particular las declaraciones de su titular, Bertha Alcalde, buscan poner fin a la incertidumbre y reafirmar la inexistencia de un proceso judicial en contra de la gobernadora de Chihuahua.

La postura de la fiscal capitalina es clara: la institución actuó con objetividad, basándose en los elementos recabados y no en perfiles políticos. La conclusión de que no existía delito alguno es un respaldo directo a la gobernadora, deslindándola de las acusaciones que buscaban, según su defensa, menoscabar su imagen y su gestión.

Es importante recordar que Javier Corral, quien ahora funge como senador de Morena, ha sido una figura clave en las acusaciones contra Maru Campos. Su denuncia, que inicialmente apuntaba a delitos graves, ha sido revisada y desestimada por la Fiscalía de la CDMX, aunque el proceso legal podría continuar a través de impugnaciones.

La defensa de Maru Campos ha sido vocal en denunciar lo que consideran una persecución política orquestada desde esferas ajenas a la justicia. La declaración de Bertha Alcalde, al confirmar el cierre del caso y la inexistencia de delito, se convierte en un argumento sólido para desestimar estas acusaciones y reafirmar la inocencia de la gobernadora.

Este tipo de situaciones ponen en relieve la importancia de la transparencia y la objetividad en las instituciones de procuración de justicia. La aclaración de la Fiscalía de la CDMX no solo beneficia a Maru Campos, sino que también fortalece la confianza en el sistema judicial al demostrar que las decisiones se toman con base en la ley y las pruebas, y no por presiones políticas.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha enfrentado diversas embestidas políticas y legales desde que asumió el cargo. Sin embargo, esta resolución de la Fiscalía de la CDMX representa un respiro significativo y un espaldarazo a su administración, al confirmar que las acusaciones en su contra carecen de fundamento legal.

El caso subraya la delgada línea entre la justicia y la politización de los procesos legales en México. La intervención de Bertha Alcalde, al aclarar la situación, busca restablecer la verdad jurídica y poner fin a las especulaciones que buscaban dañar la reputación de la gobernadora.

En resumen, la Fiscalía de la Ciudad de México, bajo la dirección de Bertha Alcalde, ha cerrado la puerta a cualquier investigación contra Maru Campos, confirmando que no existió delito alguno. Esta decisión, basada en el análisis jurídico y las pruebas recabadas, desmantela las acusaciones y reafirma la integridad de la gobernadora de Chihuahua frente a lo que su equipo ha calificado como un intento de hostigamiento.

La postura de la Fiscalía de la CDMX es un mensaje claro: la justicia debe prevalecer sobre la politiquería. La confirmación de que no hay caso contra Maru Campos es una victoria para la gobernadora y un recordatorio de que las acusaciones sin fundamento no deben prosperar en el sistema judicial mexicano.